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Opinión. Por Juan Pablo De Santis *|
El decreto presidencial que removió a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central, además del puntapié de un nuevo conflicto institucional, fue un reflejo ante el dolor. Tanto Néstor Kircher como Cristina Fernández han utilizado la caja como instrumento de gobierno y saben que la necesidad de financiamiento es imprescindible para llegar a las próximas elecciones nacionales sin mostrar debilidades económicas, que destruyan sus posibilidades de reelección.
Argentina se encamina a una reducción acelerada del superávit primario, el ancla fiscal del -a veces incierto- “modelo” económico.
En 2010 hay vencimientos por U$S 13.000 millones, y los U$S 6.529 millones del Fondo del Bicentenario le resultan necesarios al Gobierno porque cada vez tiene menos fuentes de financiamiento: Los mercados de capitales internacionales todavía están cerrados, el país sigue con calificación de mercado especulativo y emitir deuda aún es caro. Más allá de los argumentos, en noviembre de 2008 la solución fue estatizar las AFJP; en diciembre de 2009, el 13% de las reservas del Banco Central.
CONTABILIDAD CREATIVA
Si se consideran los últimos dos años, el gastos del Estado ha sido casi el triple que sus ingresos. En los 11 primeros meses de 2009 (los datos de diciembre no se terminan de publicar), los ingresos crecieron 12,2% frente al año pasado, pero los gastos, 30%.
En noviembre el Gobierno imputó como ingresos propios U$S 2.500 millones que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI) como ampliación de capital por la crisis financiera internacional. No se trata de ingresos genuinos, sino de la necesidad de imputar recursos de capital para capear déficit de presupuesto. No es la primera vez, en enero de 2009 hizo lo mismo con los fondos de las expropiadas AFJP.
Contar estos fondos como ingresos fue un recurso para no blanquear el deterioro de la situación fiscal. Sin estos, el déficit primario de noviembre hubiera sido U$S 1.315 millones y se habría convertido en el primer mes de la era kirchnerista en mostrar cuentas en rojo.
El deterioro crónico del superávit primario (la resta de ingresos contra egresos) no es un asunto menor: cuando este comienza a dar negativo, se presenta la necesidad de pedir dinero prestado para pagar intereses de bonos y préstamos. Este último camino -si no se corrige- es un espiral: deuda para pagar más deuda.
Por otra parte, el Fondo del Bicentenario es un mecanismo indirecto de financiar del gasto público: si se garantiza deuda con reservas, la necesidad del Gobierno de realizar un ajuste para bajar el gasto y destinar más dinero a pago de compromisos será mucho menor.
Tampoco es casual que en los últimos tres meses del año pasado Argentina redobló sus esfuerzos por volver a conciliar con los organismos multilaterales de crédito: lanzó un canje de deuda y estrechó su acercamientos con funcionarios del FMI.
LA PALABRA PROHIBIDA
Aunque en febrero de 2009 Néstor Kirchner bramaba “no queremos plata del FMI ni que la regalen”, y en octubre apoyó las gestiones de Amado Boudou con el Fondo.
Después de la última crisis local, los políticos argentinos han aprendido qué tan indigesta puede ser la semántica económica. Nadie que busque una (re) elección pronunciará la palabra “ajuste”. La pedagogía de la experiencia es clara: el último en hacerlo de modo explícito fue Ricardo López Murphy, que en 2001 fue eyectado del ministerio de Economía tras quince días de mandato.
Queda claro que Kirchner tratará por todos los medios de no realizar ningún cimbronazo para reducir gasto, por eso el Gobierno redobla sus esfuerzos por volver cuanto antes a los mercados internacionales de deuda voluntaria. Es decir, necesita financiamiento porque cada vez tiene menos fuentes y cualquier matiz de la palabra prohibida dificulta sus chances de competir en 2011.
También persiste el sinsabor de que los últimos dos intentos por subir ingresos o bajar gastos [ajuste implícito] produjeron un desgaste político intenso y cáustico. Visto con prisma económico, la derrota en la batalla por implantar retenciones móviles fue una suerte de rebelión fiscal del sector privado agroexportador. Por último, el intento por quitar subsidios a servicios públicos -electricidad y gas- terminaron suspendidos por la Justicia y con fuerte malestar en usuarios que recibían facturas con altos incrementos.
Los Kirchner entienden que las cuentas en rojo no suman votos. La vuelta a los mercados favorecerán las perspectivas económicas, pero también tiene un objetivo más inmediato: asegurarse que cualquier medida económica poco popular, en caso de que deba tomarse, sea después de las próximas elecciones.
* Editor de FortunaWeb
8/1/2009
