Entre los beneficiarios se encuentra el grupo español Codere. Para la Coalición Cívica, la decisión es "escandalosa" y la llevarían a la Justicia. El gobierno bonaerense atribuyó la medida a una "imposibilidad técnica para efectuar el recambio del hardware y software".
A través del decreto 3.116/9 publicado en el Boletín Oficial el 26 de enero, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli extendió la licencia para la explotación de 7 salas de bingo y tragamonedas que vencían entre 2008 y 2011 sin el llamado a licitación obligatorio.
Las salas beneficiadas con la medida son: Mar del Plata (Intermar Bingos-Codere); Mar de Ajó (Daniel Mautone); San Martín (Codere); Moreno (Laquaniti, propietario de bingos en Buenos Aires); Quilmes (del empresario Del Valle); Avellaneda (Grupo Blaquier) y Zárate (Ferrari).
El diputado provincial Walter Martello, de la Coalición Cívica, tildó de “escandalosa” a esta resolución y advirtió que “con esta renovación, el gobernador no sólo les quitó dinero a los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, sino que aumentó la caja del Instituto Provincial de Lotería y Casinos”.
El gobierno bonaerense justificó esta prórroga por “la imposibilidad técnica para efectuar el recambio del hardware y software en lo inmediato frente a la exigüidad del plazo de vencimiento de los instrumentos contractuales vigentes”.
En caso de llegar a la Justicia, la norma dictada por Scioli podría ser considerada inconstitucional, algo que no sucedió a nivel nacional cuando hipódromos y casinos fueron a parar a manos de empresarios fuertemente vinculados al kirchnerismo.
Según Martello, el negocio del juego puede promediar durante 2010 el movimiento de más de $ 8.000 millones de pesos, de los cuáles sólo un tercio queda en manos del Estado.
2/2/2010
