Opinión. Por Juan Carlos de Pablo
Si aprobar la legislación fuera suficiente, en la Argentina todos los chicos irían a la escuela, no sería necesario cerrar con llave las puertas de las casas y todo el mundo pagaría los impuestos. El analfabetismo, los asaltos y la evasión fiscal y previsional prueban que no es suficiente.
Al mismo tiempo, la inexistencia de alguna disposición escrita no impide que los empresarios, “por que sí”, modifiquen sus decisiones. Ejemplo: la importación de ciertas mercaderías en nuestro país.
Para entender, no hay como exagerar. Prohibir, como obligar, en los papeles están asociados con precios infinitos. Cuando está prohibido fumar, quienes están en un bar no pueden aceptar que un fumador empedernido les pague $ 1 millón a cada uno si lo dejan pitar en ese momento, oferta que la enorme mayoría de ellos aceptaría gustoso. Cuando es obligatorio portar documentos de identidad, ni Maradona puede viajar al exterior sin llevar consigo el pasaporte.
Pero en los hechos hasta las prohibiciones, como las obligaciones, no siempre se cumplen. Porque como explica el análisis económico, lo que “en los papeles” está asociado con precio infinito, en la práctica está asociado con la probabilidad de ser pescado en infracción, multiplicada por el castigo que se recibe. Quienes estacionan en lugares prohibidos, con su accionar dicen que les resulta más barato pagar la multa que el esfuerzo de estacionar donde está permitido.
El mismo análisis económico, sin por cierto hacer la apología del delito, explica que el tamaño de las alícuotas impositivas y previsionales constituye un estímulo para la evasión respectiva. Y la historia muestra que la pretensión de los gobernantes, de neutralizar dicho estímulo con legiones de inspectores no tiene resultados… al menos masivos (dato importante para quienes pretenden financiar que la jubilación mínima equivalga a 82% del salario mínimo, con aumentos del impuesto a las Ganancias y la contribución patronal).
Así como dictar legislación no es suficiente para conseguir resultados, no dictarla no significa que “nada ha ocurrido”. Porque en un país como el nuestro, donde el Poder Ejecutivo es tan poderoso con respecto al sector privado, la mera amenaza verbal, o la mera incertidumbre referida a las futuras reglas del juego, afecta las decisiones. Lo cual, para los economistas, implica que la disposición “existe”, en el sentido de que afecta las decisiones.
Obsesionado por el futuro del superávit comercial, el secretario de Comercio desea que disminuyan las importaciones de alimentos (si somos “el granero del mundo”; ¿para qué tenemos que importarlos?). Pero en vez de aprobar una disposición escrita, por la cual prohíbe la importación de determinados ítems del nomenclador importador, “misteriosamente” se detienen camiones en la Aduana, o se les dice a los supermercados que se vería con malos ojos que en las góndolas ofrezcan chocolate suizo, fideos italianos y turrón de Alicante.
¿Por qué no hay disposiciones escritas? Al parecer, para evitar represalias o papelones en la Organización Mundial del Comercio. Es más, en reciente visita a Brasil, Guillermo Moreno habría afirmado que él no tiene nada que ver con la cuestión sino que son las empresas que operan en la Argentina las que habrán decidido dejar de importar. No se lo cree nadie.
¿Por qué un empresario habría de dejar pasar una oportunidad de ganar dinero? La razón por la cual en la Argentina disminuirán las importaciones de alimentos tiene que ver con la incertidumbre que, en la práctica, rodea la operatoria. Pongámonos durante un instante en los zapatos de una cadena de supermercados que opera en la Argentina.
Como todos los años, cada octubre el supermercadista compra turrón en Alicante. La mercadería llega al país en noviembre, se pagan los derechos, se despacha a plaza y aparece en las góndolas para “las fiestas”. Dudo que este año ocurra lo mismo, porque los supermercadistas pueden pensar que –aunque no hay nada escrito, aunque “nadie sabe nada”- los contenedores cargados de turrones pueden quedar durmiendo en la Aduana hasta, digamos, abril de 2011, con los correspondientes costos de mantenimiento, alquiler y pérdida de oportunidades de venta.
Quien crea que estoy inventando que les pregunte a quienes, en años anteriores, importaron juguetes pensando en venderlos para el Día del Niño, o a quienes importaron ropa de invierno. Los primeros pudieron despachar a plaza su mercadería luego de “las fiestas”, los segundos… en primavera. ¿Cuál es el problema? Si el cambio constante en las reglas de juego, si la generación de incertidumbre fueran gratis en el sentido de que no causaran daño económico, esto sería fascinante. Porque resulta mucho más entretenido vivir en la Argentina, donde nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos cinco segundos, que en Suiza, donde la gente termina deprimida y suicidándose, por falta de novedades.
Pero lamentablemente esto no es gratis. Porque tanto el cumplimiento parcial de la legislación dictada, como el impacto de “rumores” que ante la duda generan cambios en las decisiones, son costos que los empresarios no tienen más remedio que cargar en los precios, y que todos los consumidores abonamos cuando compramos productos.
Distingo entre trabajar y estar ocupado. Para un empresario lo primero significa pensar en el consumidor y en la tecnología, lo segundo andar bien con las autoridades. Los argentinos vivimos muy ocupados, si contamos las horas que transcurren desde que salimos de casa, hasta que regresamos a ella. Pero no generamos –en promedio- una remuneración acorde. Porque el esfuerzo no se transforma en producto, como debiera. Increíble cantidad de energías y de talento se utilizan en pensar cómo gambetear parte de la legislación vigente, así como en imaginar cuál será la próxima “genialidad” que se le va a ocurrir al funcionario del cual nuestras actividades dependen de manera crucial.
9/7/2010
