Es por el proyecto del diputado Héctor Recalde: plantea que un porcentaje de las ganancias de las empresas sean repartidas entre los asalariados. El proyecto busca tener “un conocimiento real” del cálculo de ganancias.
La cúpula gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT) avaló el proyecto de ley que propone distribuir 10% de las ganancias de las empresas sus empleados.
Ahora por ley quieren obtener un permiso para auditar los balances de las empresas y así evitar que se “dibujen” números, al entender de la central sindical.
Sería una cláusula especial que asegura el acceso de empleados y gremios a datos e información contable y financiera de las compañías.
El proyecto será presentado la próxima semana en el Congreso y genera un rechazo entre los empresarios.
El mismo también establece un esquema progresivo para su aplicación que arrancará con las compañías de más de 300 trabajadores y alto nivel de rentabilidad y fija que una parte (entre un 2% y 5%) del monto de ganancias a distribuir integrará un fondo solidario destinado a financiar programas sociales y trabajadores en negro.
La CGT también apoyó la propuesta de Recalde para que un 10% del total de las utilidades de cada compañía se distribuya entre su personal en un único pago anual exceptuado de cargas patronales y de la base imponible para el pago del impuesto a las Ganancias.
Puntos salientes del proyecto
Aspectos conceptuales de la iniciativa que avala la CGT.
Se aplicará a las empresas que tengan más de 300 trabajadores o a aquellas que tengan menos empleados, pero que dispongan de alta facturación en un monto a definirse.
La distribución de las ganancias se hará después del pago de impuestos por parte de las empresas.
No será de aplicación para compañías que realicen reinversión de sus utilidades.
Será sobre las ganancias nominales, sin considerar el efecto inflacionario sobre las utilidades.
No abarcará al personal de Dirección, porque se considera que el mismo ya tiene incentivos que otorgan las empresas por rendimiento.
Una parte de la suma a pagar será destinada a un fondo solidario, que atenderá casos de trabajadores en negro.
La tarea de fijar montos y alícuotas estará a cargo de un Consejo Tripartito integrado por representantes del Estado, los trabajadores y las empresas.
15/9/2010
