Había comprado autos y un restaurante familiar con dinero que obtuvo por trasladar drogas. Ninguna investigación contra grandes hechos de la lavado llegó a juicio. Ahora el Gobierno apura una nueva ley para no reprobar ante la GAFI.
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Por Juan Pablo De Santis *
El próximo miércoles se cumplirán 11 años de la inclusión de la figura de "Encubrimiento y Lavado de Activos" en el Código Penal y de la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo dedicado a investigar este ilícito. Desde entonces, la Justicia ha dictado sólo una condena firme por este delito, que recayó contra un parrillero cordobés.
Durante una conferencia en la Casa Rosada el miércoles pasado, el ministro de Justicia, Julio Alak, graficó la situación penal de los delitos de lavado. De acuerdo a los reportes del ministerio, ya se realizaron 10.300 reportes de operaciones sospechosas, de las cuales 1.000 han sido enviados a la Justicia con "pedido especial" de investigación.
Alak reprochó a los jueces la "falta de igualdad de condena", dado que las sentencias "no son contra un gran narcotraficante ni contra una gran institución que ha lavado dinero".
Únicas dos causas
Recién el 15 de diciembre de 2009, el el Tribunal Oral en lo Criminal Federal II de Córdoba condenó a un grupo de personas por lavar activos obtenidos del narcotráfico. La cara más visible de la sentencia fue Jorge Guillermo Altamira, jefe de la banda, que tuvo la pena de 6 años de prisión y multa de $5.000 por transportar estupefacientes y utilizar el dinero negro de esa actividad para poner una pequeña parrilla familiar que bautizó "Como en familia", según consta en el expediente al que accedió este medio.
Por esa misma causa, los otros condenados fueron un changarín, un chapista de autos, una ama de casa, una comerciante, un empleado de comercio y un albañil. Ninguno recibió más de 4 años de cárcel.
Los antecedentes judiciales en material de lavado son, por lo menos, mezquinos. Por fuera del parrilero, la única causa que culminó por sospechas de este mismo delito terminó en probation. En 2008 un comerciante de La Pampa pagó una multa de $100.000 (el doble de los fondos que se presumían blanqueados) para suspender un juicio en su contra por el término de un año. El hombre lavaba fondos que su hermana obtenía del narcotráfico con la fachada de un colegio. El 30 de noviembre de 2009 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín declaró extinguida la acción penal.
De acuerdo la UIF estos son los únicos dos antecedentes condenatorios en la lucha contra el lavado que registra el país, de acuerdo a una consulta periodística que realizó FortunaWeb. Ninguna causa judicial jamás involucró grandes sumas ni organizaciones delictivas de envergadura.
Falta de herramientas
La ley 25.246 es la única herramienta legal de la cual disponen los jueces: incorpora en el Código Penal el lavado de dinero en el artículo 277 y estable una pena máxima de diez años. Sin embargo, se establece la pena para los que realizan lavado para un tercero. Desde la UIF afirman que "en la actual legislación, la figura se encuentra ligada al acto de encubrir un delito cometido por otra persona, por lo que no penaliza el autolavado".
Antes del año 2000, cuando se sancionó la legislación vigente, el lavado de activos estaba penalizado sólo cuando estaba asociado al comercio de drogas, ya que se encontraba inscrito únicamente en la ley 23.737 de Estupefacientes que se sancionó en 1989.
Apuro por el GAFI
Alak reclamó el miércoles al Congreso por más prisa para sancionar un proyecto de ley oficial para reformular incluir el autolavado como delito y ampliar las facultades de la UIF: como investigar otro tipo de ilícitos asociados, levantar el secreto fiscal y la capacidad de actuar como querellante. Para los jueces se prevé la facultad de utilizar "emplear técnicas de investigación especiales" como "entrega vigilada y operaciones encubiertas".
El Gobierno salió ahora a apurar los tiempos dado que en junio será la próxima reunión del GAFI y Argentina corre el riesgo de quedar en la "lista gris" de 20 países que no cumplen con las normas internacionales estandarizadas anti-lavado.
Respuesta opositora
Este jueves los bloques de oposición en Diputados respondieron que la próxima semana realizarán una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Finanzas para analizar las iniciativas presentadas. Así lo expresaron los diputados Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Gustavo Ferrari (PJ Federal).
Prat Gay, presidente de la comisión de Finanzas, calificó el reclamo de Alak como "una puesta en escena". Sin embargo, el punto más conflictivo es bajo qué orbita se encontrará la autoridad de aplicación, la UIF. El Poder Ejecutivo platea reterna, mientras que la oposición exige que se reformule el órbano y dependa exclusivamente del Congreso.
Para Gil Lavedra "el proyecto oficial no cumple con las expectativas del GAFI", mientras que Pinedo opinó que si no se garantiza el control de la UIF en el poder legistativo se incurre en la tentación de que sea utilizada como "herramienta de persecución política".
*Editor de FortunaWeb
8/4/2011
