No incluye empleados públicos, fábricas de menos de 500 empleados y trabajadores que están en sectores en los que no hay resultados positivos.
Por Pedro Ylarri *
La distribución de ganancias empresarias entre los trabajadores es el punto más conflictivo de la relación entre sindicatos y empresas, aunque esta semana por mandato de Cristina Kirchner las partes aceptaron negociar el tema en el marco de paritarias e impulsar la idea sólo en algunos sectores y empresas.
El proyecto de ley del abogado de la CGT, Héctor Recalde, de aplicación para todas las compañías -algo resistido por las cámaras empresarias- sería reemplazado así por un bono anual sectorial, que, según cálculos realizados por este diario, beneficiaría sólo a 22% de los empleados del país y con enormes desigualdades y ampliará las desigualdades entre trabajadores.
El bono impulsado por el jefe de la CGT, Hugo Moyano, beneficiaría solamente a quienes cumplan los siguientes requisitos: que sean asalariados formales -es decir, registrados-, empleados en compañías con más de 300 empleados que tengan ganancias y cuyos sueldos se debatan en convenios colectivos de trabajo. Sólo 2,3 de los 10,4 millones de asalariados argentinos cumplirían estos requisitos, según una estimación propia basada en datos provistos por Abeceb.com. Es decir, sólo 2 de cada 10 empleados.
El Bono Moyano excluirá así a 8 millones de personas, ya que no será cobrado por los 3,2 millones de asalariados que no están registrados, y por otros casi 5 millones de argentinos que trabajan en el sector público (1,2 millones), en el de servicios domésticos (1,3 millones) o son empleados de PYMEs y otras firmas que no dan ganancias, al menos en su liquidación ante AFIP. Fuera del beneficio quedarán también los desocupados, que suman otros 1,2 millones.
De esta manera se acentuaría aún más la diferencia de salarios por sector. Un cruce de datos de la AFIP y de la Anses realizado por este diario permite estimar que si el 10% del total de ganancias de las empresas fueran distribuidas entre el total de empleados registrados les correspondería a cada uno un bono de $587 anual.
Sin embargo, por la enorme disparidad de ganancias, los empleados del sector minero cobrarían bonos por $8.735 anuales mientras que el personal de la salud recibiría sólo $ 218 extras.
Los bancarios, industriales y empleados del transporte -entre ellos los camioneros- serían también muy beneficiados.
Hasta el martes pasado, la CGT y la UIA se mantenían intransigentes en sus posturas de defender y rechazar la ley de Recalde, que pretendía repartir 10% de los beneficios de las empresas de más de 300 empleados de todos los sectores más un plus por productividad, todos beneficios no remunerativos.
Fue Cristina Kirchner quien rechazó públicamente el proyecto al considerar que “una ley es algo general, lo general no puede ser aplicado a todo el mundo” y propuso en cambio que se discuta el beneficio en paritarias y no incluir a todos los sectores, entre ellos “a los que necesitan apoyo del Estado para ser rentables”.
Desde la CGT y la UIA aceptaron el “guiño” de la presidenta y estimaron que la mayor traba será aplicar el bono a empresas chicas y el cronograma de aplicación. En la CGT quieren que sea a partir de 2012 mientras que en la UIA dicen que tiene que haber una “proyección a mediano plazo” y solo aplicarse a empresas de 500 o más trabajadores.
*De la redacción de Diario Perfil
15/5/2011
