Sin consulta popular, el Congreso impulsa un polémico cambio en la carta magna para priorizar el pago de deuda pública por sobre cualquier otra cuenta.
En España, socialistas y populares se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una reforma exprés de la Constitución que señala un límite al déficit estructural de todas las Administraciones públicas y prioriza en los presupuestos el pago de la deuda pública contraída.
La sorprendente medida ha dado lugar a un intenso debate sobre las formas y el fondo de la reforma. En cuanto a las formas, el proyecto de reforma constitucional española puede ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, número que la alianza del Partido Popular con el Partido Socialista permite alcanzar.
Si la reforma es aprobada por las Cortes tampoco tiene que ser sometida a referéndum, a menos que lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Los partidos de izquierda reclaman que la reforma se someta a un referéndum para que el pueblo se pronuncie y porque, implícitamente, confían que de ese modo no resultaría aprobada. En cuanto al fondo, la reforma se limita a la nueva redacción de un artículo, donde se establece un compromiso general, pero sin dar cifras, que deberán ser precisadas en una futura Ley Orgánica que son aquellas que se aprueban por mayoría absoluta de votos en el Congreso.
La referencia al "déficit tolerado" no es el saldo de las cuentas públicas de cada año ni tampoco el límite de 3 % del PIB fijado en la Unión Europea. Se toma el déficit estructural, que obliga a efectuar un cálculo técnico para corregir los efectos del ciclo económico sobre las partidas presupuestarias.
Los ciclos económicos hacen que cuando la economía crece el Estado reciba ingresos extraordinarios vía impuestos que desaparecen cuando se entra en recesión y se disparan gastos sociales como las prestaciones de desempleo. El déficit estructural no incluye los gastos e ingresos vinculados a estas expansiones y recesiones del ciclo económico.
En la reforma del Pacto de Estabilidad de 2005, la Unión Europea fijó un objetivo de saldo estructural a medio plazo: los países deben situarse en un margen entre el equilibrio (o superávit) de 1% del PIB de déficit estructural. Si una situación extraordinaria dispara el déficit estructural, cada Estado debe corregir el desfase a un ritmo de 0,5% del PIB al año. El pacto entre el PP y el PSOE estrecha los márgenes previstos por Bruselas al prever que en la futura Ley Orgánica se fije un objetivo del 0,4% del PIB, similar al fijado por Alemania (0,36%).
La otra novedad de la reforma española consiste en darle "prioridad absoluta" al pago de los intereses y el capital de la deuda pública. Es una medida que ya han adoptado algunos estados de los EE.UU. que blindan de esta manera los derechos de los suscriptores de deuda pública. El compromiso, dirigido a calmar a los mercados, significa darle un privilegio de cobro a estos acreedores de modo que, en teoría, se deberían dejar de pagar jubilaciones y pensiones antes que a los bonistas.
En cuanto al límite, se quiere dar rango constitucional a lo que el Tratado de la UE ya establece: limitar a 60 % el volumen total de la deuda pública (el nivel actual está en 65 % del PIB). No obstante, la reforma, tanto en los límites del déficit como en los de la deuda, establece una cláusula-válvula de escape frente a situaciones extraordinarias como catástrofes y recesiones económicas. La suspensión debe ser aprobada por el voto mayoritario en el Congreso. Por otra parte, el límite al déficit no entraría en vigor hasta 2020.
Reclamos
La reforma ha provocado la renovada indignación de los "indignados" y de las formaciones de izquierda, como Izquierda Unida. El argumento es conocido: "los gobiernos inclinan su cerviz frente a los mercados". Sin embargo, aunque en ocasiones los dirigentes políticos europeos sobreactúan para conseguir que los inversores continúen refinanciando la deuda pública, la reforma debe ser analizada incorporando todas las circunstancias contextuales.
En primer lugar, el Tratado de Lisboa -aunque no se cumplía- ya imponía el límite de 3 % del PBI del déficit y 60 % del PBI de deuda pública. En segundo lugar, el objetivo de la reforma no apunta sólo a calmar a los mercados. También persigue el propósito de institucionalizar la emisión de eurobonos. Si se quiere una unión económica y no sólo monetaria, para mutualizar la deuda pública entre todos los Estados de la UE, es necesario rigor presupuestario. Expresado en un duro lenguaje coloquial, se quiere evitar que los plomeros y carpinteros alemanes terminen pagando los platos rotos de sus colegas griegos, dedicados al dolce far niente.
COMPROMISO. Los Estados más prósperos y que son más rigurosos en el control de sus gastos no van a acceder a los eurobonos ni a otras fórmulas de solidaridad crediticia si previamente no se les garantiza la seriedad de sus compañeros de ruta. Pero preguntar a la gente en un referéndum si optan por el rigor equivale a preguntar si les apetece el aceite de ricino. En los modos de resolver correctamente estas paradojas se juega el destino de Europa.
Con DyN
30/8/2011
