España no quiere llegar a una judicialización del conflicto por YPF

Lo admitió un alto funcionario español. Por qué España confía en que se resolverá de manera amistosa. Existe preocupación por la creciente inseguridad jurídica para las empresas españolas en Argentina y también Venezuela.

Redacción Fortuna

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, José Manuel García-Margallo, admitió que el litigio abierto con el Gobierno argentino en torno a la compañía Repsol YPF podría judicializarse, aunque se mostró optimista de que pueda resolverse de forma amistosa para no tener que llegar a los tribunales.

García-Margallo respondía así ante los planes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de pasar a tomar mayor control sobre la petrolera YPF, ya sea mediante una intervención o nacionalización de la compañía.

El ministro aseguró a Europa Press en Madrid, que el Gobierno español no ha dejado de trabajar "ni un solo segundo" para solucionar este caso y recordó la visita que el titular de Industria, José Manuel Soria, hizo a Buenos Aires la pasada semana. Así como también las dos llamadas que el Rey Juan Carlos le hizo a Cristina para intentar mediar en el conflicto, lo que por el momento dilató el accionar argentino.

Preguntado si es optimista en relación con este asunto, García-Margallo respondió: "Estoy todo lo tranquilo que se puede estar en una situación que evoluciona en el tiempo". Apuntó que España y Argentina tienen firmado un acuerdo de protección de inversiones, pero el ministro expresó su esperanza en no tener que acudir a los tribunales. "No soy nunca partidario de judicializar estos temas y soy mucho más partidario del acuerdo amistoso", subrayó.

Consultado acerca de cómo juzga la creciente inseguridad jurídica para las empresas españolas en Venezuela y Argentina, García-Margallo confesó que "con preocupación". El jefe de la diplomacia española destacó la importancia de potenciar acuerdos de asociación de la UE con regiones como la de Mercosur, en la que está Argentina, con el fin de mejorar la seguridad jurídica de las inversiones.

6-3-201

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