El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense y otros por el valor pagado por la firma Wasserman. En cuánto difiere el monto con la tasación de la Fiscalía.
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El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y su ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, por "fraude por violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la provincia, a partir del pago de 101 millones para la expropiación de una empresa recuperada por los trabajadores (la metalúrgica Wasserman)".
Así lo confirmó el abogado Luis Caro, presidente del MNFR, quien señaló además que los empleados aún no pudieron acceder a la real posesión de la empresa y que con lo ya gastado por el Estado bonaerense "se podrían haber expropiado todas las fábricas recuperadas en el territorio".
La demanda, además de Scioli y Ferré -ex ministro de la Producción-, involucra al constitucionalista Daniel Sabsay; al ex fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski; al subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Della Croce; al presidente de Ignacio Wasserman S.A., Ignacio Wasserman; al apoderado de la firma, su hijo Alan Wasserman; a los abogados Beatriz Rivas y Rubén Citara y a los responsables del estudio de asesores letrados Caporal, Citara y Casal".
Se trata de la empresa Ignacio F. Wasserman S.A, una planta metalúrgica que, en 2001, tuvo una crisis financiera y fue recuperada por los trabajadores, quienes conformaron la Cooperativa Los Constituyentes, en Villa Martelli".
Según Caro, "concretamente se pagaron cuatro veces más", y agregó que "sólo los estudios de abogados cobraron $ 50 millones, más $ 6 millones de peritos tasadores: cuando es un hecho que con esa suma de $ 50 millones se podrían salvar todas las fábricas recuperadas de la Provincia", que ascienden a 70.
La denuncia fue presentada ante el juez de Garantías de La Plata César Melazo y la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) número 8 de Investigaciones Complejas, a cargo del fiscal Jorge Paoloni.
El Movimiento de Fábricas Recuperadas indicó que "se tasó en $ 26 millones por los peritos de la Fiscalía" y explicó que la firma reclamaba $ 102 millones de pesos y se pagó un 387% más ($ 101 millones), según explicó Caro.
"Existió fraude en perjuicio del erario público de la provincia de Buenos Aires", aseguró el titular del MNFR, en tanto subrayó que "el pago se realizó en seis cuotas: la primera se abonó en septiembre pasado y la última en marzo".
El Movimiento explicó que el pago fue al contado, ya que "como en su momento afirmó el Ministerio de Economía (entonces a cargo de Alejandro Arlía) había disponibilidad en el Tesoro".
En principio, ello iba a realizarse "en bonos de cancelación de deuda, pero se pagó finalmente en efectivo y, esa suma, fue depositada en el Banco Provincia, sucursal San Isidro".
"El reclamo llegará a la Casa Rosada", destacó el MNFR, que también entregó una nota en la mesa de entradas de la Cámara de Senadores en demanda de que "sea investigado el caso por parte de la Legislatura bonaerense".
Lo abonado equivale al 20% de "los aguinaldos de la provincia", remarcó el abogado querellante, quien además destacó que "la participación del gobernador Scioli fue fundamental, ya que firmó tres decretos para que esa situación se produjera", en el año 2010.
Esos tres instrumentos fueron "el 717 del 31 de mayo de 2010, que autorizó la firma del convenio por $ 101 millones; el 981 del 30 de junio de ese año, que respaldó la ampliación presupuestaria por ese monto, y el 1.234 del 26 de julio de 2010, que libró la orden de pago", explicó Caro.
"Esos decretos, según el cuerpo de la denuncia, son la prueba del delito cometido al disponer de los recursos del Estado provincial en contra del deber de los funcionarios de cuidarlos", agregó.
El Movimiento puntualizó que el gasto realizado fue el doble de lo que se hubiese requerido para expropiar de forma definitiva todas las fábricas recuperadas por sus trabajadores en la provincia de Buenos Aires para que tomen posesión efectiva, en las cuales se desempeñan más de 8 mil trabajadores.
Fuente: Télam
20-8-2012
