Prorrogaron la intervención por un plazo de seis meses. El ministro de Economía Lorenzino continuará como interventor.
La presidenta Cristina Fernández determinó por decreto una segunda prórroga de la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), firma conocida anteriormente como Ciccone Calcográfica, por un período de seis meses.
La intervención fue dispuesta a partir del decreto 2377, que fue publicado en el Boletín Oficial. A través de esta medida, el Poder Ejecutivo también dispuso extender por un plazo de 180 días la designación del ministro de Economía y Finanzas, Hernán Gaspar Lorenzino, como interventor de la compañía.
También se dispuso que siga "en el ejercicio de las funciones y facultades" de subinterventora de la Compañía de Valores Sudamericana será Katya Soledad Daura, quien había sido puesta en funciones a través del decreto 1338 del pasado 7 de agosto de 2012.
El decreto mencionado había dispuesto la intervención a cargo de Lorenzino y Daura por un plazo inicial de sesenta días, plazo que fue extendido posteriormente a través de un segundo decreto, el 1.865 del pasado 4 de octubre.
El objetivo inicial del gobierno nacional fue disponer la intervención de la empresa, conocida históricamente como Ciccone, a los efectos de "asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio". Cumplido dicho plazo, el Ejecutivo resolvió prorrogar desde su vencimiento, y por "un plazo de 180 días la intervención a la Compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima, que fue dispuesta por el decreto 1.338 y prorrogada por el decreto 1.865".
El control estatal de la ex Ciccone fue dispuesto el pasado 7 de agosto pasado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dos semanas antes de que el Congreso diera sanción a la ley que declara de "utilidad pública y sujeta a expropiación" a la Compañía de Valores Sudamericana.
La adquisición de la ex Ciccone por parte de la Compañía de Valores Sudamericana generó un escándalo que derivó en sendas investigaciones sobre el vicepresidente Amado Boudou, acusado de favorecer a amigos en el proceso de quiebra de la compañía, y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien aprobó las facilidades en el plan de pago de la firma.
A comienzos de octubre pasado, el fiscal Jorge Di Lello, quien investiga presuntas irregularidades en la transferencia al Estado y condonación de deuda a la ex Ciccone Calcográfica, advirtió que la Justicia "puede" dar con las identidades de los dueños reales de la planta impresora pese a que hasta el momento se desconocen avances en la investigación.
Con Agencias
13-12-2012
