Alfonso Prat Gay y Manuel Garrido presentaron nuevas medidas de prueba en la denuncia que también alcanza a Guillermo Moreno y otros funcionarios.
El diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, y su par de la Unión Cívica Radical, Manuel Garrido, ofrecieron hoy medidas de prueba y ampliaron la denuncia judicial contra la Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y distintos responsables de la conducción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) por la supuesta falsificación de datos del Producto Bruto Interno (PBI).
La ampliación de la denuncia judicial, radicada en mayo en el juzgado a cargo de Julio Ercolini con intervención del Fiscal Federico Delgado, se fundamentó en una nota firmada por el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, y el Director Nacional de Cuentas Nacionales, Gustavo Rodríguez, publicada en un matutino.
Los diputados estiman que "constituye en la práctica una admisión de que lo que hoy se publica como Producto Bruto Interno (PBI)" no sigue la metodología oficial del organismo y, por lo tanto, es un "fraude".
"El propio Iztcovich reconoce que desde hace algunos años calculan el PBI con una metodología 'ad hoc'. Esto ya le ha costado al fisco más de 2.300 millones de dólares y le va a costar una cifra similar cada año que Argentina deba pagar el cupón del PBI de ahora en más", sostuvo Prat Gay en un comunicado de prensa.
Recordó que en la denuncia del 28 de mayo pasado se advirtió que "la mentira del INDEC era sistemática y que, además de dejar al país sin estadísticas oficiales, le estaba costando cientos de millones de dólares al fisco. En esta oportunidad, pedimos la intervención lisa y llana del INDEC para ponerle freno a la mentira", agregó el ex presidente del BCRA.
Por su parte, Garrido explicó que "estamos denunciando una consecuencia gravísima de la adulteración de índices del INDEC que ha sido posible por la inacción de la justicia durante los últimos seis años".
Los diputados solicitaron a la justicia que se haga un entrecruzamiento de las operaciones con instrumentos financieros afectados por las cifras del INDEC y los funcionarios y empleados involucrados en la falsificación de las estadísticas públicas.
Al respecto, Prat-Gay precisó que "la Justicia debe investigar si hay funcionarios que han comprado cupones del PBI con información privilegiada antes de numerosos anuncios irregulares de indicadores económicos por parte de la presidente". En la presentación de mayo, el diputado solicitó que también se investigue a la secretaria de Comercio Exterior y ex directora de Índices de Precios de Comsumo del INDEC, Beatriz Paglieri, a la directora general del organismo, Ana María Edwin, y a los funcionarios José Luis Blanco y Jorge Adrián Souto.
Fuente DyN
