Todos los fundamentos y los puntos más sobresalientes del polémico proyecto kirchnerista.
El proyecto de Ley que presentó hoy en la Cámara Baja el diputado Héctor Recalde por el cual se unifican con carácter "disuasorio" los procedimientos y los plazos de las leyes de Abastecimiento, de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor otorgan el Poder Ejecutivo la potestad de sancionar, cobrar multas y hasta de expropiar, sin que las empresas puedan recurrir a los Tribunales antes de que se ejecute el castigo.
Además, le permite expropiar y también intervenir y luego, hasta "vender", productos y mercaderías resultantes de esa acción. Los fundamentos que acompañan los cinco artículos de la norma afirman que el proyecto unifica los plazos procedimentales en los tres regímenes y dice tener por objetivo proveer a la seguridad en los negocios jurídicos, otorgar mayor celeridad a los procedimientos establecidos por cada una de las normas y unificar criterios legales.
Asimismo, la ley busca imponer sanciones adecuadas y eficaces en la tarea de desalentar comportamientos disvaliosos y evitar dilaciones injustificadas en los plazos, como así también persuadir a aquellos que pretendan cometer los actos que las leyes sancionan y proteger a los consumidores tanto en forma individual como en forma colectiva.
También se actualizan los montos de las multas, los cuales lucen manifiestamente desactualizados, con un mecanismo de ajuste periódico de acuerdo a los índices de movilidad jubilatoria. En las tres leyes, se coloca como "requisito ineludible" abonar la multa con carácter previo a que la medida sea revisada por el órgano judicial. Así, el infractor no podrá "dilatar" la aplicación de la medida, con la mera interposición de un recurso de apelación, sin antes cumplir con la resolución que pretende atacar.
Asimismo, se modifica la ley de Abastecimiento, declarando "de utilidad pública y sujetos a expropiación" los bienes que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población, a fin de evitar desabastecimientos, acaparamientos y/o maniobras de agiotaje y especulación.
El Poder Ejecutivo podrá determinar los bienes que serán expropiados. El proyecto amplía la facultad del Ejecutivo no sólo ante "caso de urgente necesidad pública", sino también ante el incumplimiento de las disposiciones que se incorporan al proyecto y podrá "intervenir y disponer la venta de mercadería, cualesquiera sea su propietario".
