La ley incluye la autorización para emisión de deuda. Quienes que ya garantizaron su voto en contra.
La cámara de Diputados buscará convertir en ley el acuerdo mediante el cual el Estado nacional pagará una indemnización a la petrolera española Repsol por la expropiación de su paquete accionario en YPF.
Mediante una sesión especial, el miércoles próximo, el oficialismo buscará reunir más de 133 votos para sacar adelante el proyecto. Según consigna la agencia Télam, ya anticiparon su voto en contra del proyecto los más de sesenta diputados que integran los bloques del radicalismo (39), Frente Amplio Progresista (15), UNEN (5), Unidad Popular (3) y Frente de Izquierda (3).
Por otro lado, los más de 50 diputados del Frente Renovador (22), del PRO (20), y los peronistas que responden al gobernador cordobés José de la Sota (3) y al senador puntano Adolfo Rodríguez Saa (6), aún no definieron si se abstendrán o si votarán en contra.
En el tratamiento previo, el secretario Legal y Técnico de Presidencia, Carlos Zannini afirmó ante las comisiones de Diputados que "el acuerdo es bueno para el país" y que "no tiene trampas ni letra chica", y que "la negociación con Repsol se efectuó desde diciembre de 2013 hasta 27 de febrero de 2014, porque se estuvo discutiendo no sólo el precio sino la forma de pago, porque la Argentina no podía afrontar el pago en efectivo".
El ministro de Economía, Axel Kicillof, por su parte, aseguró que antes de su nacionalización YPF "podía ser rentable para un privado, pero era perjudicial para el pueblo argentino" y sostuvo además que el acuerdo con Repsol "pone un punto final a un proceso que no va a ser cuestionable y va a dejar a la empresa libre de todo litigio".
Compromisos. En el preacuerdo firmado con Repsol, el Gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos "por la expropiación" del 51% del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
