Tras la reforma de la Ley de Abastecimiento subyace una ideología ignorante de los principios más básicos de Economía.
Ya fue aprobado el proyecto oficial para reformar la Ley de Abastecimiento, permitiéndole al Estado regular el comercio y la mayoría de las actividades empresarias. Esto significa que, automáticamente, el gobierno está interviniendo en lo más importante que tiene una sociedad que busca progresar: la inversión y el empleo.
Primero, para entender cómo piensa el gobierno y qué razonamiento subyace a esta ley, es clave entender algunos conceptos.
Por ejemplo, el gobierno habla de una conspiración que se materializa con corridas al tipo de cambio. El tema es que nunca incluyeron en el relato que hay una inflación muy alta, que viene en aumento y que genera que el peso no sea algo confiable. Entonces, la gente busca invertir sus ingresos en algo seguro. Al mismo tiempo, existe un cepo al dólar, por lo que sólo las personas que cobran más de $8.800 pueden comprar. Según INDEC, esto es un porcentaje muy pequeño de los argentinos (acá una descripción de esto), por lo que esta decisión es muy regresiva. Entonces, la suba del dólar blue, ¿es una corrida conspirativa contra el peso? ¿O parece ser una decisión de los mismos argentinos que, ante la falta de oportunidades de inversión, pretenden no estar atados a un peso que se diluye día a día?
Este mismo razonamiento se puede aplicar a la nueva Ley de Abastecimiento. La norma busca regular ganancias y precios, por ejemplo, pero carece de conocimientos básicos de cómo funciona un emprendimiento. Bajo la idea de fijar precios y tasas de ganancia, subyace la idea del “Precio Justo” o de la “Ganancia Justa” y esto es peligroso ya que, si realmente existiera, todo "precio justo" generaría una ganancia justa, pero ganancia al fin. Entonces, cualquier emprendimiento debería tener ganancias, ya que estas son justas y la ganancia es para todos y todas.
Ahora, el problema de esto, surge de no entender que no todo emprendimiento va a ser exitoso, lamentablemente. Muchos van a fracasar y, al tiempo, emprenderán de nuevo. Esa es la base de la dinámica del progreso. Suponer que todo emprendimiento genera ganancia y que esta es justa demuestra un total desconocimiento de la dinámica de empresa. Por último, si una empresa de las que se quiere regular presentara perdidas en algún balance, ¿el gobierno saldría a reponer eso para que llegue a la tasa de ganancia justa?
Por otro lado, la norma también propone que, ante un hecho que no se condiga con lo dicho por esta, el gobierno podrá decomisar mercadería para venderla y quedarse con ese dinero. No es que esas ventas, al precio justo fijado por el gobierno, serían devueltas al comerciante, quien estaría vendiendo a un menor precio, pero vendiendo al fin. No, sería expropiado por el gobierno. Es decir, el gobierno tiene total autoridad de disponer de las mercaderías. Esto es así porque, al fijar el precio y ganancia que quiera, puede calibrar estos tal que le convenga ante cada empresa que se quiera perjudicar. Por otro lado, si la mercadería fuera intervenida pero no decomisada, a la empresa solo se le daría una indemnización fijada unilateralmente por el gobierno.
Por tales motivos es que esta reforma no puede ser justificada como una solución al problema de la inflación, al contrario. La inversión se contraerá, la producción será menor con el consiguiente efecto en el empleo, y entonces los precios no tenderán a caer salvo que hubiera una caída alevosa de la demanda. En cambio, ante un gobierno que propone estímulos a la demanda sin fijarse en la oferta, el único resultado posible es un aumento de precios, ya que el estimulo a la demanda no es sostenible. Es decir, el único resultado posible de esta ley es el desabastecimiento, lamentablemente.
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Federico Rouco es estudiante de Economía de la UCA y de la University of Leeds, Reino Unido. Es investigador adscripto en el Centro de Investigación Aplicada de la Escuela de Negocios de la UCA e Integra el Grupo Joven de la Fundación Libertad y Progreso. Twitter: @fgrouco
