Por Patricia Valli. La cosecha en ‘silobolsa’ cubriría los pagos de deuda del año que viene. No podrán expropiar los granos sin juicio previo. Los productores están decididos a aguantar una ofensiva oficial.
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La aprobación de la Ley de Abastecimiento y la verborragia de la segunda línea del oficialismo, representada en la diputada del FpV, Diana Conti, reavivaron las tensiones con el campo por los cerca de US$ 10 mil millones de cosecha de la campaña actual que duermen en las silobolsa.
Según las estimaciones de Agricultura, unos 27 millones de toneladas de la cosecha récord de 53 millones no fueron comercializados y, a pesar de la caída de la cotización internacional del grano, la soja “encanutada” casi alcanza para cubrir los vencimientos de deuda 2015, por US$ 11.800 millones, según las cifras del Presupuesto. Y si bien el Estado tiene los datos de dónde está la soja, no puede expropiar ni decomisar los granos retenidos. Con la ley podrá hacerlo con una autorización judicial.
La ampliación de la brecha entre dólar oficial y paralelo a casi el 80% reforzó la expectativa de devaluación y ralentizó las liquidación del campo. El promedio diario de operaciones de las últimas cuatro semanas bajó 39%, contra el promedio anterior, que a su vez era 40% menor que en agosto del año pasado. “El efecto combinado de la retención y la caída de los precios internacionales implicará un menor ingreso de divisas, por US$ 4.100 millones”, indicó la consultora Labour Capital Growth sobre la base de datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales.
En un intento por cortar la especulación, el Banco Central repuso una norma que le permite elegir qué tipo de cambio tomar para las liquidaciones atrasadas por exportaciones, entre el del momento en que debía hacerse por la venta o el del día en que se efectivice el pago. Pero hasta el momento, según reconoce el Central, la norma no generó nuevos movimientos de liquidación.
Para los productores, la soja a US$ 350 llegó a un piso y no puede bajar mucho más. En el Gobierno comparten ese análisis. “La buena cosecha de Estados Unidos bajó los precios pero ya no pueden caer más, como mucho US$ 10 por tonelada”, estimó el economista de la Gran Makro, Agustín D’Attellis, para quien el campo “está sobreactuando” la reacción por cuestiones políticas, “como lo hizo en 2008 con la Resolución 125, cuando se podría haber conciliado, pero prefirieron sacar un rédito político”, estimó.
Los cañones de la Ley de Abastecimiento, en tanto, apuntan también a otros sectores concentrados. Los insumos difundidos (acero, aluminio, cemento) de la industria y los alimentos son puntos centrales de interés para domar la inflación que supera el 35% según las mediciones privadas, aunque para el oficialismo será de 27% este año.
“Se puede aplicar la ley para que no se sigan trasladando todos los aumentos a los precios. Después de la devaluación, inmediatamente ya habían remarcado todo”, recapituló D’Attellis. En enero, el secretario de Comercio, Augusto Costa, tuvo que sentarse sector por sector para retrotraer precios. La Ley de Abastecimiento “automatiza” la solución.
“Los supermercados también actuaron generando desabastecimiento y son formadores de precios. Muchos son productores lácteos, de fideos, se armaron la cadena de comercialización”, recordó D’Attellis.
Según un informe de GS1, el faltante de mercadería en góndola fue del 19,47%, de acuerdo con un relevamiento en nueve cadenas. En el 35,76% de los casos se debió a que la mercadería no fue repuesta en góndola; en 28,49%, a que el local no realizó ajustes del inventario; en 15,21%, a falta de entrega del proveedor y en 8,61% por falta de entrega del distribuidor. “El problema, la mayoría de las veces, radica en que el producto está en el local pero no en las góndolas, más allá de las razones macroeconómicas”, reconoció Federico Braun, CEO de supermercados La Anónima, que tuvo los menores faltantes.
(*) Publicado en la edición impresa del diario PERFIL.
