Directores estatales ya tienen inmunidad legal

Salvo que haya dolo, un decreto firmado por la Presidenta les concede este beneficio.

Redacción Fortuna

Los directores, síndicos, consejeros y funcionarios designados por el Estado nacional en empresas y sociedades en las que tenga participación accionaria gozarán de indemnidad legal en caso que durante sus funciones sean demandados o denunciados por su actuación.

Así lo estableció la presidenta Cristina Fernández a través del decreto 196 publicado en el Boletín Oficial.

La norma sólo exceptúa a esos ejecutivos de esa protección en caso de que exista "dolo o culpa grave" en el ejercicio del cargo.

El decreto asegura que es "necesario que el Estado asuma la asistencia profesional y las consecuencias de los eventuales procesos cuando los funcionarios sean demandados, intimados, denunciados, querellados, imputados o requeridos". Según la norma, el Estado brindará a esos funcionarios "la asistencia especializada necesaria para asegurar su defensa" y asumirá "los resultados (adversos) de los eventuales procesos".

En sus considerandos, el decreto alega que "toda vez que la actuación de los funcionarios aludidos encuentra su origen en una designación estatal, deviene necesario que el Estado nacional a través de la jurisdicción que corresponda, o de la entidad involucrada, asuma la asistencia profesional correspondiente, como también las consecuencias de los eventuales procesos cuando -con motivo o en ocasión del cumplimiento de sus funciones- los referidos funcionarios sean demandados, intimados, denunciados, querellados, imputados o requeridos de cualquier otra forma".

Este escudo legal para funcionarios también establece que "los resultados de los eventuales procesos serán asumidos por las jurisdicciones, organismos o entidades que ejerzan la representación de los respectivos derechos accionarios, o del organismo de control del que dependan". Y aclara que el beneficio "se aplicará, incluso, a las situaciones jurídicas preexistentes generadas por intimaciones, denuncias, imputaciones o demandas originadas en hechos o conductas anteriores a la fecha del presente decreto".

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