Según un funcionario del gobierno suizo, la nómina de los 4.040 argentinos con cuentas no declaradas en Ginebra no sirve como prueba porque fue robada.
Para Suiza, la lista de 4.040 cuentas de argentinos en el HSBC de Ginebra que está siendo investigada en la Justicia argentina no es “válida”, según explicó Jacques de Watteville, secretario de Estado sobre cuestiones financieras internacionales del Departamento (ministerio) Federal de Finanzas suizo, a PERFIL. El funcionario habló en exclusiva con este medio y afirmó que, para su país, las supuestas pruebas que entregó Hervé Falciani a Francia y que luego fueron obtenidas por Ricardo Echegaray, fueron conseguidas ilegalmente por el ex empleado del banco. Por eso, aseguró, para Suiza no tienen valor legal. Falciani es actualmente perseguido penalmente por el país helvético.
“No validamos esa lista porque fue robada. Falciani es objeto de un pedido de captura internacional por infracciones cometidas en Suiza”, afirmó De Watteville. “Integrar esa lista no pone a las personas allí citadas al abrigo de persecución legal por parte de las autoridades de cualquier Estado. Si algún país ha abierto un sumario sobre una de esas personas y dispone de pruebas de evasión fiscal, puede dirigirse a la autoridad administrativa en Suiza (Ministerio de Finanzas) y pedir la cooperación”, agregó el funcionario suizo. La AFIP recibió una copia por intermedio del ente impositivo de Francia, donde se refugia el otrora empleado del HSBC, y denunció a los titulares argentinos de cuentas supuestamente no declaradas, a las que se les atribuyen activos por 3.500 millones de dólares.
Las declaraciones de Jacques de Watteville apuntan a los pedidos que pueden hacer a la Confederación Helvética los países que, como Argentina, buscan perseguir penalmente a los titulares de cuentas no declaradas en Suiza. El funcionario sostiene que los pedidos de información “deben hacerse caso por caso” y no tienen que ser formulados según las denominadas “expediciones de pesca” (fishing expeditions), o sea, sin pruebas concretas de que este grupo de personas, que ha abierto individualmente cuentas en Suiza, depositó fondos de origen ilícito.
La semana pasada, el fiscal Claudio Navas solicitó en Buenos Aires la indagatoria de 204 personas que serían titulares de cuentas sin declarar en el HSBC de Ginebra, pero resta confirmar los nombres de los imputados. La jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Número 3, envió en febrero pasado un exhorto a Suiza, aparentemente relacionado con estas cuentas, cuyo contenido se desconoce públicamente. La Oficina Federal de Policía en Suiza aún no informó a la prensa sobre si admitirá el pedido de colaboración, que buscaría validar la existencia de ciertas cuentas reveladas por Falciani.
Pero el secretario De Watteville señaló que Suiza sólo coopera en casos de fraude fiscal, los cuales exigen que se haya llevado a cabo una estafa fiscal, esto es falsificar documentos para ocultar información al fisco o para no pagar impuesto. La Justicia argentina debe enviar pruebas o indicios de que así fuera.
En cambio, para repatriar cuentas suizas que abrigarían fondos procedentes de la simple evasión fiscal, la vía judicial no es pertinente para Suiza. El reclamo debe hacerse exclusivamente por la vía administrativa. De hecho, Suiza y Argentina firmaron en marzo de 2014 una Convención contra la Doble Imposición (CDI), que recién entraría en vigor en 2016, una vez ratificada por sus Parlamentos, y que va a regular el intercambio de información fiscal entre los dos países. Mientras tanto, pueden colaborar intercambiando información fiscal caso por caso por vía administrativa.
La Argentina creó, a fines de 2014, una comisión parlamentaria bicameral para investigar la fuga de divisas, que tiene 180 días para presentar un informe, que incluiría el escándalo de las 4.040 cuentas supuestamente no declaradas de argentinos en la filial Ginebra del HSBC.
