Tras la denuncia de la AFIP por las cuentas en el extranjero que envolvió al banco, desde Ginebra determinaron que "ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno
Con un comunicado el HSBC Private Bank Suisse dio a conocer hoy que la investigación realizada por la Fiscalía del cantón de Ginebra, Suiza, al HSBC Private Bank Suisse se cerró formalmente. Según la entidad bancaria, la investigación dio como resultado que ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno.
La investigación se cerró formalmente sin la imposición de multa alguna, en ausencia de pruebas que justifiquen cargos criminales. Como parte del cierre, y evidenciando ciertas deficiencias organizativas, el banco pagará 40 millones de francos suizos a las autoridades de Ginebra en concepto de compensación.
En el comunicado, el banco afirma que "cooperó plenamente con la investigación y no enfrentará ningún cargo" y que "la investigación de Ginebra comenzó en febrero de 2015 a raíz de los informes sobre algunas prácticas pasadas del Swiss Private Bank, que reconoció que la cultura de cumplimiento y los estándares de debida diligencia del banco en el pasado no eran tan fuertes como lo son hoy".
Asimismo, el HSBC comunicó que, en los últimos años, el banco "puso en marcha numerosas iniciativas destinadas a evitar que sus servicios bancarios se utilicen para evadir impuestos o lavar dinero" y que "el reposicionamiento estratégico también fortaleció el enfoque del banco en los principales mercados y la reducción de su base de clientes en casi un 70%, pasando de alrededor de 30.000 cuentas en 2007 a unas 10.000 en 2014".
El conflicto se inició en noviembre pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos denunció que existían 4.040 cuentas “de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina”.
Desde entonces, la AFIP allanó la sede del HSBC en Argentina y el titular de la Unidad de Información Finanaciera (UIF), José Sbatella, se sumó a la polémica al afirmar que el gerente general del HSBC Argentina, Gabriel Martino, “debería estar preso por haber evadido US$ 7.000 millones del cartel de Sinaloa“, cuando el banquero ocupaba la tesorería de la misma entidad en México. La acusasión provocó el "rechazo enfático y categórico a la acusación de participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos".
