El recargo eléctrico recaudó más de $200 millones en 2014.
“Todavía recuerdo cuando algunos diputados, como Víctor Fayad, que se sentaba en esa banca y yo, allá, reclamaban, en todas y cada una de las sesiones, que se eliminara el Fondo de Santa Cruz. Ya no tendrán que reclamar más. ¿Saben por qué? Porque no figurará más en la boleta de luz”. El 1 de marzo de 2014, cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Kirchner prometió derogar la Ley 23.681, que desde julio de 1989, obliga a las empresas de electricidad a cobrar un “recargo sobre el precio de venta de la electricidad del 0,6% de las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país aplicadas a los consumidores finales” hasta que “la provincia de Santa Cruz sea conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.
Es que la propia presidenta inauguró en septiembre de 2013 las obras –que costaron $ 5.225 millones– a través de las cuales Río Gallegos se incorporó al sistema. Y en febrero de 2014 hizo lo mismo en su “lugar en el mundo”, El Calafate.
Al mes siguiente, entonces, frente a diputados, senadores y funcionarios nacionales, prometió la derogación del Fondo de Santa Cruz. A 15 meses del anuncio, sin embargo, los usuarios continúan pagando el recargo.
El año pasado se recaudaron $ 230 millones, según una fuente extraoficial en la Secretaría de Energía. PERFIL, además, pudo confirmar que sólo en el Gran Buenos Aires se acumularon $ 39 millones, según fuentes del mercado eléctrico. Es que si bien allí viven y trabajan 15 millones de personas, también es cierto que gozan de las tarifas más baratas del país. Por eso, concentran el 40% del consumo –pero no de la factura– eléctrico total.
En esta región, como en el resto del país, cada empresa o cooperativa provincial o municipal debe actuar como agente de percepción frente a los usuarios para luego girarle lo acumulado a la Secretaría de Energía de la Nación. Finalmente, siempre según la ley de origen, la cartera que actualmente encabeza Mariana Matranga –muy cercana al ministro de Economía, Axel Kicillof– debe transferir el total a la Empresa de Servicios Públicos SE de Santa Cruz y verificar su correcta utilización.
Misterio. Ni la Secretaría ni el Ministerio de Planificación –del cual depende– supieron confirmarle a este diario cuánto se recauda año tras año y qué obras se financian a través de este fondo, que en julio cumplirá 26 años de existencia. Ni explicaron formalmente por qué se sigue cobrando si la obra que financiaba ya se terminó, y fue inaugurada con bombos y platillos, con la presencia de la jefa de Estado.
Hasta el cierre de esta edición, la empresa provincial santacruceña, presidida por Julián Osorio, tampoco entregó la información solicitada al respecto. Lo cierto es que el 1 de marzo de 2014, al mes siguiente de inaugurar la extensión de 159 kilómetros de la línea de alta tensión de 132 kV entre las localidades de Esperanza y El Calafate y la Estación Transformadora homónima de 132 kV, la Presidenta prometió derogar el ya histórico fondo. Desde entonces, mientras el 84% de los habitantes santacruceños ahora goza de los beneficios de estar integrados al Sistema Interconectado Nacional, el ítem sigue recaudando en la factura de la luz, pero ahora sin un destino comprobado.
Por Agustin Ceruse. | Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil
