Por Manuel Solanet | Las bombas cebadas por el kirchnerismo llevarán a una crisis económica y social si no se las desactiva. El gasto público ha desbordado sin que sea posible financiarlo con impuestos, que ya ahogan la economía y deben reducirse.
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La herencia que dejará Cristina Fernández de Kirchner exigirá una dura e impopular gestión inicial a su sucesor. Esto será inevitable. Si se pretendiera no hacer cambios las consecuencias también pondrían al nuevo gobierno frente a un panorama social y políticamente gravoso. En síntesis, habrá una primera etapa en la que el nuevo presidente y los ministros responsables de las áreas cruciales, verán caer su aceptación popular. Tendrán además probablemente frente a sí a la ex presidenta diciendo que durante su gobierno el pueblo estaba muy bien y que ahora por haber modificado su modelo nacional y popular y por aplicar políticas de ajuste neoliberales, se lo está perjudicando en beneficio del capital concentrado y de los fondos buitre. Al haber logrado evitar que las bombas activadas le reventaran durante su gestión, a Cristina le resultará fácil convencer a las mayorías poco informadas de la perversión de quien la haya sucedido,. Esto vale tanto para Macri como para Massa y también para Scioli si este fuera elegido y aplicara políticas racionales, aunque demore en hacerlo.
Las bombas cebadas por el kirchnerismo llevarán a una crisis económica y social si no se las desactiva. El gasto público ha desbordado sin que sea posible financiarlo con impuestos, que ya ahogan la economía y deben reducirse. Así es como el déficit fiscal, que ha crecido a niveles inéditos, requiere abundante emisión monetaria además del uso de fondos de los jubilados y el empleo de las reservas para pagar los vencimientos de la deuda pública externa. El 10 de diciembre las reservas disponibles del Banco Central serán ya insignificantes o nulas. La inversión directa extranjera será todavía limitada, lo que obligará a obtener crédito externo para cubrir el déficit fiscal y el faltante de dólares. Para lograrlo será un requisito previo arreglar con los holdouts, aceptar las inspecciones del Artículo IV del FMI y exponer un programa fiscal creíble apoyado en una fuerte reducción del gasto público. La magnitud del déficit a corregir hará necesario ajustar en varios frentes.
Nada podrá hacerse para reducir el gasto previsional aunque el número de jubilados y pensionados haya pasado de 3.330.000 en el año 2002 a 6.140.000 en 2015. Hoy están todos a cargo del estado en el sistema de reparto, sus remuneraciones se ajustan automáticamente, pero tienen un derecho adquirido que no se puede suprimir.
La reducción de los subsidios al transporte y la energía exigirá fuertes incrementos en las tarifas. Aunque pueda técnicamente diferenciarse a los segmentos más carenciados, el impacto será muy fuerte para la mayoría de los usuarios. Lo mismo sucederá con los planes sociales que necesariamente deberán reducirse. Pero no alcanza con eliminar subsidios y reducir planes sociales. La aritmética del gasto y del déficit hace ineludible actuar en el frente de la burocracia e incluir a gobiernos provinciales y municipales. Deberán encararse planes de racionalización administrativa que permitan retrotraer las plantas de personal hacia niveles más acordes con las exigencias administrativas. . En los últimos doce años el número de empleados públicos se incrementó sin causa en un 77%. Aunque se lo haga moderadamente y con mecanismos de compensación y amortiguación social, no es difícil imaginar los conflictos que originará cualquier reducción por menor que sea.
El retorno a una situación manejable para evitar una crisis de consecuencias impredecibles colisionará con mitos arraigados durante décadas de populismo y demagogia. Además requerirá políticas racionales que entrarán en conflicto con posiciones ideológicas asumidas extensamente en ámbitos intelectuales, políticos, universitarios, periodísticos y gremiales. Solo una situación de crisis profunda permitiría aplicar correcciones que son contraintuitivas y que están descalificadas por esas posiciones ideológicas. La crisis ha sido íntegramente cebada pero eludida por quien la cebó. Tendrá que resolverla quien venga y será mejor que procure rápidamente corregir las causas para evitarla. El costo social sería menor aunque un primer gabinete tenga que ser fusible. Lo fundamental es producir un cambio que nos permita salir del populismo destructivo de un estado intervencionista y corrupto, y que asegure la vigencia de la libertad y de la Constitución.
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(*) Manuel Solanet es Ingeniero Civil con estudios de postgrado en Economía. Actualmente es Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue Secretario de Hacienda de la Nación y Secretario para la Modernización del Estado. Es además Director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad y Progreso.
