Por Florencia Abram | Toda intervención gubernamental en cualquier mercado que nos imaginemos trae fuertes efectos secundarios que muchas veces ni consideramos. Generan situaciones ficticias y forzadas que pueden ser muy perjudiciales para los mismos ciudadanos, más allá de que el motivo inicial por el cual se las implementó fuera totalmente honesto y lleno de buenas intenciones.
Las nuevas tarifas energéticas están causando revuelo en todos los ámbitos. El que más resuena es el político y gremial. Discusiones entre quienes consideran que el Estado no tiene por qué subsidiar el consumo energético a personas que pueden pagarlo y, por otro lado, aquellos que aluden a la falta de salarios correlativos con dichos aumentos tarifarios.
Pero en las redes sociales han aparecido también otro tipo de visiones o perspectivas a esta misma temática.
Un aumento en el costo de utilizar objetos electrónicos induce a una disminución en su consumo o puede llevar a un uso más eficiente de los mismos. Fundaciones ambientalistas hoy optan por promover y dar vuelo a este tipo de prácticas a fin de aprovechar esta noticia para generar conciencia ambiental.
Si algo es innegable, más allá de la posición o ideología política que tengamos, es que una consecuencia de los bajos valores tarifarios energéticos fue el sobre consumo de energía. No sólo porque muchos decidieron invertir en electrónica a raíz de los múltiples planes crediticios por parte del estado sino que también influyó su bajísimo costo posterior de utilización, perdiéndose absolutamente la noción de “consumo responsable”. Hasta hoy, si no era por conciencia ambiental, la factura de luz no se consideraba como fundamento para apagar las luces que no se estaban aprovechando, apagar la televisión si estamos trabajando en la computadora, utilizar bombitas de bajo consumo, desconectar los electrodomésticos que no estén funcionando o cualquier otra situación del estilo que se pueda imaginar.
Por otro lado, también desde el punto de vista “verde”, los subsidios estatales al consumo de energía han recibido y siguen recibiendo fuertes críticas por parte de quienes promueven los generadores de energía renovable. Cuanto más se abarata el costo energético, más tiempo precisa un instrumento originador de “energía verde” en ser amortizado. Resaltando que la inversión inicial suele ser importante. Si se regala a los ciudadanos el valor de contar con energía eléctrica, entonces se disuelve toda intención de invertir en paneles solares o biodigestores o en sistemas “inteligentes” de calefacción o refrigeración, sólo por mencionar algunos. No hay incentivo económico a innovar o pagar por energía renovable si las facturas de luz e incluso de gas nos pasan por delante sin que nuestra cuenta corriente se resienta. Se disminuye aún más su competitividad frente a las fuentes de energía convencionales.
Toda intervención gubernamental en cualquier mercado que nos imaginemos trae fuertes efectos secundarios que muchas veces ni consideramos. Generan situaciones ficticias y forzadas que pueden ser muy perjudiciales para los mismos ciudadanos, más allá de que el motivo inicial por el cual se las implementó fuera totalmente honesto y lleno de buenas intenciones.
Es muy interesante analizar cómo se desenvuelven los individuos a partir de medidas intervencionistas o liberales.
Y no podemos olvidar que todo aquello que pareciera que “nos viene de arriba” alguien lo está pagando. Puede ser un vecino, un amigo o, en este caso y por qué no, el mismo medio ambiente.
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Florencia Abram colabora con Fundación Libertad y Progreso, es Ingeniera Agrónoma y en 2014 fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
