Tras varios años de dificultades para obtener financiamiento, la necesidad de avanzar con planes de inversión empuja a los directivos de empresas a aceptar tasas todavía elevadas. Así, no se interferirá en operación de Nación y provincias.
En la antesala de lo que espera sea el cierre definitivo del conflicto con los fondos buitre, las empresas comienzan a delinear una agenda para emitir deuda a tasas aún elevadas y con la intención de no superponerse con las fuertes operaciones de la Nación y las provincias.
Después de varios años en los que el sector privado tuvo dificultades para obtener financiamiento, en especial las firmas grandes que buscan más altos volúmenes de fondos, la necesidad de avanzar con planes de inversión empuja a los directivos a aceptar tasas todavía elevadas, tal como lo demostraron las recientes colocaciones de YPF (8,50% a cinco años por US$ 1.000) e IRSA (8,75% a siete años por US$ 360 millones), y hasta la provincia de Buenos Aires (obtuvo una tasa de 9,37% con US$ 1.250 millones a ocho años).
Horacio Aguilar, Managing Director de Puente, explicó al respecto: “Veremos salir al mercado a empresas de diversos sectores, como medios, energía, petróleo”, y agregó que “por supuesto se espera que aquellas que emitieron deuda en 2007 a diez años vuelvan a escena porque se acercan a los vencimientos”.
Es allí donde surgen los nombres de Arcor, con un vencimiento de obligaciones negociables (ONs, como se conoce a los bonos corporativos) a 2017 y 2020, Molinos Río de la Plata, Banco Macro y Compañía General de Combustibles, con vencimientos de deuda en el próximo año.
“Es un costo muy alto para las empresas, los bonos argentinos tienen una tasa promedio de 8,8%, más del doble de los promedios de Estados Unidos y Europa, y eso explica el atractivo de los activos financieros locales”, explica el experto en finanzas Carlos Olivieri, que evaluó que las emisiones de IRSA e YPF fueron oportunas por captar fondos antes de que la Nación ofreciera más de US$ 11 mil millones en diferentes títulos públicos.
Por otra parte, se espera que los montos que las firmas intenten captar en el mercado no puedan estar por debajo de los US$ 300 millones. “Esto se debe a que por debajo de esa cifra las emisiones pierden atractivo para los inversores del exterior que prestan especial atención a la liquidez que cada uno de los bonos tendrá”, subraya Aguilar.
Para Olivieri, las empresas ahora deberán evitar superponerse con esa oferta y las provinciales, que podrían sumar otros US$ 2 mil millones entre las administraciones del interior, donde se preparan Mendoza con US$ 300 millones, Córdoba con US$ 1.000 millones y Neuquén con US$ 250 millones, entre otras provincias.
