En sólo un semestre el set de políticas llevado adelante por el gobierno impulsó la inflación al punto tal de que, en el Gran Buenos Aires (GBA), esta acumuló 26,2% superando en sólo seis meses la meta que el equipo económico planteó a nivel nacional.
Las razones detrás de esta aceleración son identificables. En su búsqueda por reducir los desequilibrios de precios relativos, el gobierno “sinceró” el mercado cambiario e implementó un fuerte ajuste tarifario (especialmente en el GBA donde se concentraban los subsidios).Estos aumentos se montaron sobre un proceso inflacionario dominado por una inercia difícil de desarmar, que explica casi la mitad de la suba de precios observado.
Si bien tuvo un traspaso a precios acotado, el salto cambiario, aceleró la inflación en los primeros meses del año explicando poco más de 5 p.p. de la suba registrada en el primer semestre. Asimismo, calculando tanto el impacto directo (sobre el bolsillo de las familias) como los efectos de segunda vuelta (sobre los costos de las empresas), los cambios tarifarios explicaron 7,6 p.p. de los 26,2 acumulados en los primeros seis meses del año.
Por último, el gobierno autorizó aumentos de 31% y 60% en bienes cuyo precio controla: combustibles y cigarrillos, lo que sumaron casi 2 p.p. extra de inflación al periodo.
En suma, el salto cambiario y tarifario, junto con el aumento en el precio de los cigarrillos y combustibles explicaron 14,5 p.p. de los 26,2 p.p. que la inflación registró en la primera mitad del año, prácticamente toda la brecha respecto de la inflación observada en la primera mitad de 2015 (11,5%).
Sabemos que la aceleración inflacionaria contrae los ingresos reales de los hogares, pero no siempre el efecto sobre los distintos estratos sociales es igual. Intentaremos entonces responder al siguiente interrogante: ¿quién fue el más perjudicado por el significativo aumento de precios del primer semestre? En este sentido, será importante distinguir el posible efecto de las tarifas sociales sobre la inflación de los distintos sectores.
La inflación impactó más en la clase media
La aceleración de la inflación en un contexto de cambio de precios relativos (salto cambiario y tarifario) tiende a minar especialmente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto se explica por la particular estructura de gasto de estos sectores, ya que mientras menos ingresos tenga un hogar, mayor porcentaje de los mismos gastará en alimentos y servicios públicos.
Por caso, según la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares del INDEC, la clase baja (40% de los hogares de menores ingresos) dedica cerca del 50% de su ingreso a la compra de alimentos y 5,5% al pago de servicios públicos, mientras que para la clase alta (20% de los hogares de mayores recursos)estos porcentajes caen a 25% y 2% respectivamente.
Esta dinámica se observó en los primeros meses de 2014. Los incrementos tarifarios y cambiarios aplicados (menores a los implementados por la gestión actual) impactaron más en la inflación sufrida por los sectores vulnerables, la cual alcanzó 21,3% en el primer semestre, 1 p.p. por encima del alza sufrida por la clase alta (de mayores ingresos).
En 2016 la historia parece repetirse. Dada la estructura de ponderaciones de los distintos sectores sociales, la inflación acumulada en los primeros seis meses del año alcanzó 26,4% para los hogares más vulnerables, 2 p.p. por encima del alza sufrida por los hogares de mayores ingresos (+24,4%). Pero este cálculo no tiene en cuenta el efecto que la ampliación de la tarifa social tuvo sobre el incremento de precios.
Es que los hogares que han sido beneficiados por la tarifa social no sufrieron la misma inflación que el resto, de hecho, para algunos servicios no hubo aumentos, ya que a partir de percibir el beneficio pasarán a pagar menos que antes.
Tomemos un agente representativo que antes del gobierno de Macri sólo accedía a la tarifa social en colectivos (que aumentó 35%) y pasó a verse beneficiado en los demás servicios públicos (tren, gas, luz y agua). Dado un consumo de electricidad de 180Kwh, quién percibe la tarifa social terminó pagando una factura bimestral 17% más barata que en la situación previa. Similar variación se observa en el gasto dedicado al tren, este individuo al recibir la tarifa social pasaría a pagar, en promedio, boletos 18% más baratos. Pero no en todos los casos percibir la tarifa social implicó una contracción del gasto: a pesar de ser alcanzado por esta, nuestro individuo representativo pagaría casi 100% más de gas y 25% de agua.
La menor variación tarifaria que enfrentan aquellos hogares que gozan de tarifa social implica una menor inflación percibida. Dado que todavía no hay datos certeros acerca de la cantidad de usuarios alcanzados por este beneficio, hay que realizar un supuesto. Si, en promedio la mitad de los hogares de clase baja logra acceder a la misma, la inflación en los sectores de menores ingresos se vería reducida significativamente hasta acumular 23,2% en el primer semestre, ubicándose 1,2 p.p. por debajo de la inflación percibida por la clase alta y 3,1 p.p. respecto de los estratos medios.
Por ende, se observa que la clase media es la más perjudicada por la inflación del primer semestre (26,3%), ya que no goza de la protección que implica la tarifa social (como sí tiene buena parte de la clase baja) y, al mismo tiempo, dedica una mayor proporción de su ingreso a pagar servicios públicos y alimentos respecto a los hogares de mayores recursos.
Pero los estratos medios no sólo enfrentan una mayor inflación, sino que además, no cuentan con políticas activas del Ejecutivo para dinamizar sus ingresos. Si bien no hay datos acerca de la evolución de los mismos durante 2016, sí sabemos que tanto la AUH como las jubilaciones mínimas crecieron impulsadas por aumentos y sumas fijas puntuales, morigerando el impacto de la aceleración inflacionaria en el poder de compra de las prestaciones. Al mismo tiempo, la presión tributaria del impuesto a las ganancias (impuesto que pagan los sectores de mayores ingresos) cayó, dando cierto alivio a los trabajadores de mayor poder adquisitivo.
Tarifa social al rescate de los más necesitados
Para poder alcanzar el beneficio de la tarifa social se debe cumplir una serie de condiciones. Si bien estas varían de acuerdo al servicio público, a grandes rasgos un usuario deberá contar con las siguientes características: ser beneficiario de programas sociales, ser jubilado o pensionado que cobre hasta dos veces la mínima, ser asalariado y cobrar hasta dos veces el salario mínimo, estar inscripto en el monotributo social, ser empleado de servicio doméstico o cobrar el seguro de desempleo, entre otras.
En base a estos criterios de elegibilidad, el porcentaje de usuarios del GBA (área cubierta por el IPC Ecolatina) que podrían verse beneficiados por la tarifa social es cercano al 25% de los hogares. Si bien no se ha comunicado la cantidad de usuarios que lograron alcanzar el beneficio, este no cubre al 40% de las familias de menores ingresos.
La estructura de gasto posiciona a la clase baja como la más perjudicada por la escalada inflacionaria (en una situación levemente peor que la clase media) y el deterioro del mercado laboral. Es por esto que en contextos de ajustes la situación de los sectores de menores ingresos dependen en mayor medida de la capacidad de los distintos órganos gubernamentales de implementar políticas focalizadas, como la tarifa social y/o mayores transferencias de ingresos, para morigerar el costo de las correcciones macroeconómicas.
Por caso, el recrudecimiento de pobreza e indigencia producto del ajuste de precios relativos puede ser mitigado si todos los hogares de menores recursos reciben los beneficios de la tarifa social y/o acceden a la devolución del 15% del IVA a los alimentos.
Obviamente, la consecuencia de ampliar estos programas será un menor recorte de subsidios y menor recaudación, acotando las posibilidades de cerrar la brecha fiscal en los años siguientes. Pero más grave aún sería, permitir que siga aumentando la brecha social.
