Por Nicolás Gandini | Tras el cacerolazo, la Justicia decidió extender el alcance del freno al gas. En ciertos casos devolverán el dinero. Macri, con Aranguren.
Un día después del cacerolazo que generó numerosas protestas en la Ciudad de Buenos Aires y varios puntos del interior del país contra el tarifazo de gas, agua y electricidad, la Justicia asestó ayer un nuevo golpe de knock out a la política tarifaria del Gobierno. Con un fallo complementario al publicado la semana pasada, la Cámara Federal de La Plata confirmó el freno del aumento de las facturas de gas en todo el país y aclaró que la suspensión del tarifazo eléctrico también alcanza a los usuarios de la provincia de Buenos Aires de Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras de la Argentina.
La sentencia fue notificada ayer a las empresas eléctricas que deberán suspender por tres meses la aplicación del cuadro tarifario establecido el 1° de febrero. Hasta ayer tanto en Edenor, que es propiedad de Pampa Energía, el grupo que lidera Marcelo Mindlin, como en Edesur, que es controlada por la compañía italiana Enel, sostenían que no estaban alcanzadas por la medida de la Cámara de La Plata. Creían que sólo regía para las distribuidoras controladas por el Oceba, el ente regulador de la provincia de Buenos Aires, entre las que figuran Edelap, Edea y decenas de cooperativas. Sin embargo, ayer recibieron la notificación judicial que las intima a suspender la facturación del servicio eléctrico con los nuevos cuadros tarifarios.
El impacto de la medida es grande: Edenor y Edesur brindan servicio a cerca de cinco millones de usuarios. Es decir, casi veinte millones de personas. Sólo un 20% de esa cifra se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. El resto son hogares, comercios e industriales radicados en el Conurbano. En total, son cuatro millones de usuarios o cerca de 15 millones de personas; casi un 40% de la población de todo el país. El 1° de febrero, el Gobierno había anunciado un nuevo esquema para Edenor y Edesur con una suba promedio del 300% en las facturas para los hogares tras más de una década de congelamiento durante la administración kirchnerista.
Si bien estaba en los planes del Ejecutivo, aunque no de las empresas, la resolución es un duro golpe contra la política de reducción de subsidios energéticos –que el año pasado demandaron cerca de US$ 15 mil millones– defendida por el macrismo. Al día de hoy, el aumento de las tarifas de gas está suspendido en todo el país y el de la electricidad para casi la mitad de los usuarios a nivel nacional. La esperanza de la cartera que dirige Juan José Aranguren pasa porque la Cámara de La Plata acepte en los próximos diez días el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y eleve las actuaciones a la Corte Suprema. En la Casa Rosada interpretan que, de ser así, el fallo de la Cámara quedaría en suspenso hasta que se expida al máximo tribunal.
Encuentro. El presidente Mauricio Macri se reunió ayer a última hora de la tarde con el ministro. Voceros de la cartera de Energía indicaron que el encuentro estaba programado como cita de seguimiento a cuestiones mineras, pero está claro que la crisis política y judicial desatada por las marchas y contramarchas de la política tarifaria implementada por el Gobierno estructuró la reunión.
El fallo de la Cámara establece, a su vez, que en aquellas localidades del Conurbano en que existan medidas cautelares, como por ejemplo en La Matanza, San Martín y Avellaneda, Edenor y Edesur deberán refacturar según los viejos esquemas tarifarios y devolverles el dinero.
“Se vieron personajes del kirchnerismo duro”
Agencias
“Creemos y vamos siempre a trabajar por la libertad de expresión. Nos parece que lo de ayer tuvo que ver con poder manifestarse libremente, aunque claramente se vieron algunos personajes del kirchnerismo duro realizando la protesta y llevando militantes”. Esa fue la interpretación que hizo Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, el día después del cacerolazo y ruidazo contra los aumentos de tarifas, que se sintió en Capital Federal y distintos puntos del país.
“No le saco legitimidad a la protesta –siguió la ministra–, nosotros siempre hemos trabajado en el diálogo y la libertad de expresión y son valores que vamos a seguir trabajando”.
La funcionaria participó de un acto junto al presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En paralelo, por la tarde hubo reuniones en Olivos del jefe de Estado con su equipo económico para repasar la agenda de rutina con cada uno en este especial momento.
Nota publicada en la edición impresa del Diario PERFIL.
