El tribunal supremo amplió una cautelar a las empresas del Grupo Arcor para que Neuquén se abstenga de cobrar una tasa al ingreso de productos.
La Corte Suprema de Justicia amplió una medida cautelar a favor de las empresas La Campagnola y Bagley, que ya tenía la firma Arcor, propietaria de esas dos compañías, y ordenó a la provincia de Neuquén que no les cobre la tasa de inspección bromatológica.
Arcor, que ya había sido favorecida por la Corte con esta medida en 2016, se presentó ante la Justicia para que se amplíe esta cautelar hacia las marcas de La Campagnola y Bagley, ya que en los controles de ingreso a la provincia de Neuquén, los inspectores dejaban pasar las marcas de Arcor sin abonar la tasa, pero retenían las de las otras empresas para que abonaran este tributo, en una especie de aduana interna. La firma cordobesa planteó la inconstitucionalidad de la medida en ambos casos.
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El tribunal supremo analizó que Neuquén "pretende realizar inspecciones sanitarias sobre determinados productos por el hecho de que han sido elaborados en otra jurisdicción e ingresan a su territorio para su comercialización y en lugares distintos al previsto por el Sistema Nacional de Control de Alimentos, esto es, en las ‘bocas de expendio’”.
Agrega que, según lo expresa Arcor en su presentación, "las dos empresas mencionadas, que integran el Grupo Arcor, no revisten carácter de ´introductoras´ de sus productos a la provincia del Neuquén, sino que por razones de eficiencia y en virtud de la relación societaria que las vincula, le han encargado la comercialización, transporte e introducción de sus productos en diversas jurisdicciones del país, entre las que se incluye a la demandada. Para ello --expone (la demandante)--, los productos propios y de las dos referidas compañías vinculadas son enviados a centros de logística de Arcor, desde los cuáles se despachan mediante transportes terrestres a todo el país".
La ampliación de la medida es hasta que se dicte sentencia definitiva y fue avalada por unanimidad por los miembros de la Corte Suprema. En 2016, también Ilolay había obtenido una medida similar, y en 2017 lo mismo sucedió con Compañía Industrial Cervecera.
