Alquileres: qué proponen los candidatos

Los precandidatos a jefe de Gobierno dan su visión sobre los alquileres. Propuestas para resolver la problemática y postura sobre la creación de una Oficina de Atención a Inquilinos en la Defensoría del Pueblo.

Redacción Fortuna

La imposibilidad de gran parte de los porteños de adquirir un inmueble, hace que exista una demanda ávida por alquilar propiedades. La actual alta demanda se suma a otros factores no esperados que impulsan los precios a la suba.

Los precandidatos Gabriela Cerruti, Aníbal Ibarra, Gustavo López y Carlos Heller (FpV), Graciela Ocaña (ECO), Humberto Tumini y Sergio Abrevaya (SURGEN) y Myriam Bregman (FIT) adelantaron a Inquilinos Agrupados sus propuestas de Gobierno en torno a los alquileres.

Graciela Ocaña considera necesario "redefinir el rol del Estado".  "El Estado debe regular el mercado del suelo, créditos y alquileres. Estas políticas requieren trabajar sobre soluciones de mediano a largo plazo", apunta y agrega: "Existen ejemplos a tomar en algunos países desarrollados, tales como los fideicomisos o fondos para vivienda social y alquileres accesibles. Todo ello asegurando una participación del sector privado para fomentar las inversiones y el dinamismo del mercado".

También sugiere la experiencias de un país vecino como Uruguay que cuenta con un Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. "Ellos promueven programas para comprar y alquilar viviendas a través de un plan quinquenal que canaliza subsidios e inversiones para garantizar el acceso a alquileres accesibles a las personas de ingresos bajos y medios". Respecto a la creación de una Oficina de Atención a Inquilinos en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, Ocaña explica que la apoya en tanto y en cuanto  nazca fruto del acuerdo y discusión de todos los sectores involucrados, con una integración plural e independiente.

En tanto, Miryam Bregman cuenta como candidata y también inquilina que los porteños hoy "somos víctimas de una gran estafa capitalista de la especulación". "Según el propio ministro del PRO Grindetti, en la Ciudad habrá una inflación anual de un 40% y para alquilar se necesita entre un 27% y un 40% del salario de un trabajador, según la comuna. Además en los últimos tiempos se impuso una modalidad de ajustes semestrales. Las indexaciones son de 10%, 12% o 15% por semestre, aumentos de 30% durante el segundo año y hasta subas de 15% a los 6, 12 y 18 meses. Además, según la comuna donde vivas hay entre un 12 y un 40% de viviendas deshabitadas y que en seis años el PRO aumentó los impuestos un 550% y la recaudación del ABL aumentó más de 700%. Esto tiene correlato con una situación muy grave en las villas de la Ciudad donde un alquiler no se diferencia mucho de un barrio céntrico pero se vive en malísimas condiciones", explica.

Ante esa situación, Bregman proponen un programa de vivienda para todos bajo control de los trabajadores con una reforma urbana de las villas y asentamientos. Además sugiere terminar con la segregación de los barrios populares y brindarles pleno acceso a los servicios urbanos sobre la base de la expropiación de los terrenos de los grandes pulpos inmobiliarios, la iglesia y los bancos.

Humberto Tumini, -que desde hace 27 años es además inquilino- propone para ir resolviendo los problemas principales de los inquilinos: -que el IPV triplique la cantidad de viviendas que construye por año; que se multe a los propietarios que tengan viviendas desocupadas por mas de 6 meses sin justa causa (hay 350.000 viviendas en esa situación en la CABA); que se creen créditos accesibles para poder comprar la vivienda propiaque el Estado facilite, con mecanismos diversos, las garantías necesarias para alquilar; que por ley solo se pague un mes de comisión a las inmobiliarias por el alquiler de una vivienda.

Gustavo López, en cambio, propone "una fuerte intervención del Estado para garantizar la vivienda como un derecho humano básico, el mercado manda como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires". "El déficit habitacional es similar al de las viviendas ociosas y la falta de respuestas del macrismo es proporcional a la falta de políticas", acotó. "Si no bajamos el costo del metro cuadrado a través del accionar del Estado, el acceso a la vivienda y a los alquileres será cada vez más caro", agregó.

Entre sus propuestas, López destaca una batería de medidas dentro del concepto del derecho a la vivienda a saber: -construir 7.000 viviendas por año, en terrenos propios y al costo, financiadas a 20 años a través del banco Ciudad. Una parte de esas viviendas serán del Estado, destinadas a alquileres, no al precio de mercado sino como intervención de política de Estado para bajar los precios. Además, plantea crear un impuesto progresivo sobre las viviendas ociosas, para inducir a colocarlas en oferta para la demanda de los inquilinos y constituiremos un fondo de ayuda. Como segunda medida, el Banco Ciudad será garante de operaciones para aquellos que no consigan garantías, a costo operativo. Y se complementa con la financiación a través del banco ciudad, a 24 meses y a tasa subsidiada, de los depósitos y adelantos que el inquilino tenga que pagar para entrar.

Por su parte, Carlos Heller, resalta la necesidad de adecuar la regulación del mercado de alquileres a la situación actual y es necesario declarar la emergencia habitacional en la Ciudad para darle prioridad a esta problemática tanto al elaborar el presupuesto como al tomar las decisiones de gobierno. "Sería beneficioso para el ejercicio de los derechos de los inquilinos propiciar la creación de un Tribunal Arbitral de alquileres por diferendos entre partes. Asimismo, destinar un porcentaje de los inmuebles privados (herencias vacantes) del Gobierno de la Ciudad al alquiler social. También proponemos la creación de un registro de inquilinos en situación de vulnerabilidad, es decir aquellas personas que no tengan posibilidad de acceder a una garantía, se encuentren con empleos informales o sean jubilados con la mínima, a fin de ubicarlos en situación de prioridad para el acceso al alquiler social", acota.

Aníbal Ibarra, propone que la comisión para alquilar no supere un mes de contrato y sea pagado por igual entre el propietario y el inquilino. Crear una adjuntía en la Defensoría del Pueblo, que proteja los intereses y derechos de los inquilinos de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente como una  mediación en caso de conflictos entre las partes son otro de los puntos que cree necesario resaltar el candidato a Jefe de Gobierno.

Del otro lado, Gabriela Cerruti cree necesario pensar soluciones habitacionales urgentes. "Desde hace muchos años se construyen edificios, torres y muchas de esas viviendas están deshabitadas o no las venden o no las alquilan especulando a ver si sube el dólar o no", do "Nosotros creemos que hay que trabajar en la regulación de esta situación. "Es necesario que exista la voluntad política de hacerlo, que es lo que hoy en día no sucede en Buenos Aires", dijo la candidata.

Sergio Abrevaya, en tanto, atacó al gobierno de Macri y dijo que la Ciudad de Buenos Aires pasó de ser una ciudad de propietarios a una ciudad de inquilinos. "El 30% de los porteños alquila un lugar donde vivir, a pesar de que la población residente en la ciudad se mantiene prácticamente estable desde 1947, y el stock de viviendas se incrementó en los últimos 10 años. Actualmente, la modalidad habitacional informal es cada vez mayor. Hay mucha vivienda sin gente y mucha gente sin vivienda" subraya. Ante esta problemática Abrevaya recuerda ser autor de la “Ley de Garantía Bancaria de Alquileres”, aprobada en 2010. "Estoy convencido de que el Banco Ciudad debe aportar la garantía para el alquiler de vivienda a quien no tiene otros medios de conseguirla. Y a todos aquellos que con posterioridad cumplen con las obligaciones de sus respectivos contratos, los debe colocar en la lista para recibir el crédito hipotecario necesario para acceder finalmente a la vivienda propia. Si el sistema bancario no sirve para alentar el uso del crédito hipotecario carece de sentido", puntualizó. Por último, el candidato sostiene que se requieren nuevos instrumentos públicos que faciliten el acceso a las viviendas ociosas, estimulado su ocupación tanto a través de la compra o como del alquiler.

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