Por Patricia Valli | Bossio, Lavagna (h) y Kicillof ganaron influencia con el oficialista Laspina a lo largo del año. Pero ya nada será igual desde Ganancias.
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En el primer año del Congreso, los referentes económicos de los principales bloques políticos se cruzaron con distintos grados de disidencia entre fondos buitres, emergencia social, reforma política y el Presupuesto.
Así, se transformaron en una verdadera “gestión paralela” a la del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, con un punto de inflexión en la última semana: Cambiemos perdió puentes de negociación por cuestiones políticas y terminó saliendo un proyecto de ley con más costo fiscal del que esperaba. Y con señales que no son las que el Gobierno quiere para los inversores.
“El oficialismo abandonó el diálogo, por eso perdió”, relató desde el Frente Renovador Aldo Pignanelli, quien trabajó en el proyecto común junto a Marco Lavagna, referente del massismo en la negociación. Las reuniones, a cargo de Axel Kicillof en la comisión de Economía, lograron la puesta en común sobre el proyecto de modificación al impuesto a las Ganancias del Frente para la Victoria, que logró la segunda minoría en el tratamiento en comisión, detrás del oficialista.
En el día a día, los representantes de Cambiemos en Diputados intentaron el acercamiento. En los últimos meses, los debates en comisión habían abierto paso a una relación “de respeto” entre los cuatro referentes económicos de las principales fuerzas, quienes incluso compartieron almuerzos armados, por ejemplo, por el ex jefe de Gabinete kirchnerista, Juan Manuel Abal Medina. El presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, incluso intentó elogios a Kicillof, mientras que el ex economista del Banco Ciudad, Luciano Laspina, buscó una puesta en común de los puntos en discusión. La brecha entre proyectos era grande y el costo fiscal fue materia de fuertes discusiones. La orden que cerró la posibilidad de llegar a un acuerdo, sin embargo, trascendió a los diputados del oficialismo. “La orden fue no negociar”, explicó el diputado por el Justicialismo, Diego Bossio, sobre el tira y afloje. Al costo fiscal se sumó el costo de la creación del impuesto a las mineras, que para el oficialismo es “una mala señal para los inversores”.
Bossio, quien dirigió la Anses en el Gobierno de Cristina Fernández fue el primer acusado de “converso” por el apoyo al proyecto para el pago a los fondos buitre. El massismo también apoyó, pero sin generar sorpresas. “Bossio debería sentarse del otro lado”, lo chicaneó entonces Kicillof en la reunión del plenario de comisiones. Hoy, bajó la vehemencia y, de hecho, el kirchnerismo aspira a un acuerdo. “Vamos a lograr la unidad en la diversidad. En lo personal, creo que este proyecto fue una buena coincidencia pero no se puede proyectar si va a ser un paso adelante en relación al peronismo”, sostuvo con cautela el titular del FpV en Diputados, Héctor Recalde.
Ahora el proyecto con media sanción está en manos del Senado y el bloque opositor sostiene que se autofinancia. “Me llamó la atención que el Gobierno pasara de decir que lo iba a vetar a lo que dice ahora, que busca los acuerdos con gobernadores”, sostuvo Recalde sobre la pelea que vendrá en el Senado.
Sin embargo, algunos descreen de las promesas a gobernadores. “Hoy (Rogelio) Frigerio promete obras en las provincias y firman acuerdos pero después llega (Alfonso) Prat-Gay y les dice que no puede, que no tiene plata”, sostuvo Pignanelli.
Denuncia por blanqueo
El Frente Renovador presentará entre lunes y martes una denuncia ante la Justicia contra el presidente Mauricio Macri por el decreto que habilita a los familiares de funcionarios a entrar en el blanqueo de capitales.
Tras las críticas del mandatario al titular del FR, Sergio Massa, el bloque opositor llevará adelante la denuncia, que está en manos de Felipe Solá.
“El diálogo se rompió cuando Macri firmó el decreto. La ley de blanqueo se trató en el Congreso, se discutió, se hicieron las modificaciones necesarias y todo fue negociado. Pero después del Presidente habilitó a los papis a que blanqueen cuentas por decreto”, dijo Pignanelli. También para los representantes del Frente para la Victoria la medida es inconstitucional.
Nota publicada en la edición impresa del Diario PERFIL.
