El nuevo esquema incorporado por la ley de modernización laboral propone transformar indemnizaciones y obligaciones futuras en ahorro planificado, con beneficios fiscales y administración profesional de fondos.
La reglamentación todavía no llegó, pero en el mercado financiero ya hay una certeza: los Fondos de Cese Laboral (FAL), incorporados por la nueva ley de modernización laboral, pueden convertirse en uno de los instrumentos más relevantes para rediseñar la administración del pasivo laboral en la Argentina.
La lógica es simple, aunque sus efectos no lo son. El esquema permite que las empresas constituyan un ahorro específico destinado a afrontar obligaciones laborales futuras —desde indemnizaciones hasta otras liquidaciones previstas en la norma— a través de un vehículo administrado profesionalmente.
En un país donde la imprevisibilidad de los costos laborales suele condicionar decisiones de contratación, expansión e inversión, el FAL introduce una novedad central: transforma un pasivo incierto en una planificación financiera previsible.
Damián Zuzek, director ejecutivo de SBS Asset Management, lo sintetiza con claridad: “El beneficio para el empleador no aparece al momento de pagar salarios; aparece cuando tiene que afrontar una obligación concreta”.
Beneficio fiscal y orden financiero
Uno de los principales atractivos del nuevo régimen es su tratamiento impositivo.
Los rendimientos generados dentro del fondo —intereses, rentas y resultados financieros— quedan exentos del impuesto a las ganancias. Ese punto no es menor.
En la práctica, muchas empresas suelen formar reservas o “colchones” de liquidez para enfrentar pasivos laborales. Pero si ese ahorro se realiza fuera de la estructura FAL, los rendimientos quedan alcanzados por Ganancias. Dentro del fondo, en cambio, el capital se acumula con una eficiencia fiscal superior.
El resultado es doble: previsión financiera y mejora económica. Además, una vez constituido el ahorro, la empresa conserva flexibilidad. Al momento de afrontar una desvinculación o liquidación, puede optar por pagar con fondos propios, con recursos acumulados en el FAL o con una combinación de ambos.
Para Zuzek, ahí radica uno de los principales incentivos del sistema: “Todo lo que la empresa fue aportando y todo lo que fue generando el fondo queda disponible para cuando tenga que pagar, con una ventaja fiscal que hoy, por fuera de esta estructura, no existe”.
Un beneficio también para el trabajador
Desde la óptica del empleado, el FAL no reemplaza derechos ni modifica la relación laboral. Pero sí introduce un elemento de mayor previsibilidad.
El fondo constituye un patrimonio separado y específico, que no puede ser utilizado libremente por la empresa para otros fines.
En términos prácticos, esto implica que parte de los recursos destinados a obligaciones futuras ya existe, está invertido y tiene afectación concreta.
No elimina el riesgo empresario ni garantiza por sí mismo la cobertura total de cualquier contingencia —especialmente en escenarios de crisis o insolvencia—, pero sí mejora la trazabilidad y la existencia material de recursos reservados para ese destino.
Zuzek lo explica en términos directos: “El empleador empieza a acumular un capital y, cuando llega el momento de pagar una obligación, ya tiene armado parte de ese ahorro”.
Un instrumento nuevo que exigirá operadores experimentados
El potencial del FAL convive con una realidad: su implementación será técnicamente compleja.
La ley trazó el marco general, pero todavía faltan el decreto reglamentario y la normativa específica que deberá dictar la Comisión Nacional de Valores. Ahí aparece uno de los puntos críticos del sistema.
No se trata solamente de administrar un fondo de inversión. El desafío operativo involucra validación de aportes, identificación de beneficiarios, procesos de pago, cumplimiento regulatorio, auditoría y trazabilidad de la información.
En otras palabras: no alcanza con crear el producto; hay que tener la infraestructura, los sistemas y la experiencia para operarlo sin fricciones. Y ese es precisamente el terreno donde algunas gestoras parten con ventaja.
Por qué la escala y la reputación importan
SBS Asset Management administra más de 35 fondos comunes de inversión abiertos y tres fondos cerrados, con más de 15 años de trayectoria en el mercado local.
La firma forma parte de un grupo financiero con más de tres décadas de experiencia y una característica que, en el caso de los FAL, adquiere especial relevancia: capacidad de distribución nacional y experiencia en administración masiva de vehículos regulados.
No es un dato menor. En la práctica, el FAL exigirá llegar a empresas de distintos tamaños y geografías, operar procesos masivos y sostener estándares de control especialmente rigurosos.
Zuzek pone el foco en otro aspecto decisivo: la filosofía de gestión. “La prioridad no es maximizar retornos a cualquier costo. En productos de esta naturaleza, el mandato es preservar el valor real, cubrir la inflación y evitar sorpresas”, sostiene.
Ese enfoque conservador puede parecer menos vistoso en tiempos de euforia financiera, pero cobra verdadero valor cuando el objetivo no es especular sino custodiar recursos destinados a obligaciones laborales futuras.
En ese sentido, el ejecutivo subraya una definición que, para SBS, funciona casi como principio rector: “Quien nos acompañe tiene que quedarse tranquilo de que no va a tener una sorpresa de que el fondo no le haya ganado a la inflación”.
Un mercado que no será para improvisados
En el sector hay consenso en que el negocio no será inmediato. Los primeros años demandarán inversión operativa, capacidad de absorción de costos y paciencia estratégica.
Por eso, más que una oportunidad para jugadores oportunistas, el FAL parece perfilarse como un terreno para instituciones con espalda financiera, procesos robustos y visión de largo plazo.
En ese contexto, la pregunta para las empresas no será solamente si conviene adherir al nuevo régimen. La pregunta verdaderamente estratégica será con quién hacerlo.
Porque cuando se trata de administrar fondos vinculados al costo laboral, el diferencial no pasa únicamente por el rendimiento.
Pasa por la solvencia institucional, la calidad de los controles y la confianza de saber que detrás del instrumento hay una organización capaz de administrar no solo activos, sino también contingencias.
