El mediador designado por el el juez Griesa se mostró preocupado: "Se agota el tiempo para evitar el default".
Esta tarde se llevó a cabo la reunión convocada por el juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa. La misma debería haberse llevado a cabo este miércoles, pero la delegación argentina faltó al encuentro.
Finalizada la reunión, nadie precisó qué ocurrió puertas adentro, hasta que Daniel Pollack, el mediador designado por el tribunal, comunicó que "Argentina no quiso reunirse con los acreedores".
A través de un comunicado, Pollack informó que él propuso negociaciones directas entre ambas partes pero que sólo los representantes de los fondos estuvieron de acuerdo en mantenerlas.
Según consigna la agencia Reuters, Pollack también aseguró que hay expectativas de que se den más reuniones en los próximos días, pero que los "asuntos que separan a las partes siguen sin resolverse hasta ahora". Asimismo, Pollack se lamentó porque "se agota el tiempo para que la república evite un default" el 30 de julio.
De la reunión participaron por Argentina Angelina Abbona, procuradora del Tesoro; Pablo López, secretario de Finanzas, y Federico Thea, secretario de Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, quienes supuestamente fueron a negociar con los denominados "fondos buitre".
Los funcionarios argentinos ingresaron cerca de las 13.30 hora local a las oficinas que Daniel Pollack mantiene en el piso 27 del edificio ubicado en el 245 de Park Avenue, en Manhattan, Nueva York.
El encuentro tenía por objetivo lograr un acuerdo con los llamados “fondos buitre” para abonar la deuda de 1.300 millones de dólares antes del próximo 30 de julio. De no lograrlo, Argentina entraría en default técnico.
En la audiencia previa, el abogado que representa al país, Jonathan Blackman, reiteró la voluntad de Argentina de “negociar”, y volvió a pedir que se reimponga la medida cautelar (“stay”) para pagar a los bonistas que aceptaron el canje.
El mes pasado, Griesa ordenó que se le pague la suma completa de la deuda a los holdouts, algo que el gobierno nacional quiere evitar, ya que violaría la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que permitiría a los canjeados reclamar el mismo tratamiento. Esto agregaría 120.000 millones de dólares a la deuda externa.
