En total, unos us$ 400 mil millones.
La información difundida por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que reveló que el presidente Mauricio Macri fue director de una sociedad en Panamá, reavivó el debate sobre la creación de sociedades en el exterior y también sobre la cantidad de activos de argentinos fuera del país, su legalidad y la forma de recuperarlos.
Según estimaciones de la OCDE, la Argentina es el octavo país en volumen de capitales en el exterior, algo que ha investigado el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), orientado al análisis y la elaboración de materiales sobre el tema. Existen distintas formas de calcular cuántos millones de dólares se encuentran fronteras a fuera. La Tax Justice Netword (TJN) estima unos US$ 400 mil millones, mientras que Cefid-Ar estima una cifra levemente por debajo de esa, US$ 374 mil millones, ambos a 2012. En los dos casos incluyen tanto fondos declarados como no declarados u ocultos.
El cálculo oficial del stock de activos externos, a partir de la posición de inversión internacional (PII), que elabora el Indec se estima en US$ 205 mil millones, según cita un informe del Cefid-Ar sobre fuga de capitales. Es decir, otros US$ 200 mil millones de argentinos estarían en el exterior pero sin declarar.
Sobre el número del Indec, sin embargo, señalan que podría existir una subestimación debido a que parten de fuentes directas locales y extranjeras sobre inversiones, mientras que los demás analizan otros aspectos como el rendimiento que genera en el exterior este dinero a lo largo del tiempo, y así se llega casi a duplicar las cifras oficiales, lo que representa el 109% del PBI del país.
Para Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), la fuga de capitales puede ser lícita, cuando se utilizan los instrumentos legales, o ilícita, cuando se violan los controles o existen abusos de herramientas que tienen otros fines. Otra distinción que se suele hacer es si se trata de dinero negro, que proviene de actividades lícitas pero no paga impuestos y dinero sucio, proveniente de actividades ilegales, “pero para la ley argentina no hay diferencia y en los dos casos se habla de lavado de dinero, porque hay una afectación del orden económico”, subraya Carrara. Y cuando se trata de operaciones dudosas, “uno de los puntos clave que ayudarían a combatir delitos es, desde los organismos de control, la creación de un registro de beneficiarios finales, y desde lo jurídico, se debe avanzar con una reforma procesal penal. Hoy el procedimiento es escrito, lento, y las investigaciones no recaen en fiscales especializados en la materia”, detalla el director del Cipce.
Otro de los puntos de debate tiene que ver con cuáles son los mecanismos más propicios para atraer nuevamente esos capitales al país. Al respecto, analistas consultados señalaron que en la Argentina existe una creciente cultura del blanqueo de capitales, formalmente “exteriorización de capitales no declarados”. Los últimos tuvieron lugar en el gobierno de Raúl Alfonsín (1986), Carlos Menem (1992), Cristina Kirchner (2009), por el que ingresaron US$ 4.300 millones y también entre 2013 y 2015, por el que ingresaron US$ 2.200 millones.
Por Paola Quain | Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil.
