El Gobierno espera sumar a fin de año 4 mil megavatios en reparación. Trazaron un mapa de localidades conflictivas y renovaron programas de emergencia del gobierno de Cristina.
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Aunque la gestión del Ministerio de Energía estuvo abocada los últimos días a la audiencia pública donde ayer se presentaron los aumentos de las tarifas eléctricas para Buenos Aires y el Conurbano en 2017, el Gobierno está enfocado también en el operativo de contingencia para lidiar con la agudización de los cortes en el suministro eléctrico prevista para diciembre. Desde hace aproximadamente un mes representantes de la cartera que dirige Juan José Aranguren conformaron una mesa común con pares del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Gabinete para definir el abanico de respuestas del Ejecutivo frente al recrudecimiento de la crisis del servicio eléctrico que –tal como sucede los últimos años– se intensificará en los meses de calor.
La estrategia del Ejecutivo tiene dos grandes patas: la energética y la relativa al área de seguridad, según indicaron a PERFIL fuentes cercanas a Presidencia. En el primer caso, se apunta a contar con la mayor cantidad de centrales de generación disponibles para cubrir los picos de consumo que se registran entre diciembre y febrero. En ese sentido, el Ministerio de Energía sigue de cerca un plan de mantenimiento en plantas por 4 mil megawatt (MW) de potencia eléctrica, equivalentes a un 15% del parque de generación total, que deberá estar concluido en diciembre.
Se espera que la demanda supere los 26 mil MW. El récord histórico es de 25.380 MW, registrado en febrero de este año. En ese caso, habrá que operar con toda la generación disponible. “La idea es bajar al máximo la indisponibilidad de máquinas termoeléctricas por problemas técnicos. Por eso, se programaron mantenimientos en equipos por 4 mil MW que estarán listos a fines de noviembre”, explicó el presidente de una de las principales generadoras, entre las que figuran Pampa Energía, Sadesa (Central Puerto), Enel, AES y Albanesi.
El Ejecutivo facilitó la importación de repuestos e insumos que estaban demorados en la Aduana, a fin de viabilizar la reparación de algunas centrales, como por ejemplo Costanera, la mayor planta termoeléctrica del país operada por Enel.
De mínima. La aspiración del Gobierno es mantener la paz social para poder en 2017 continuar con el plan de aumento de tarifas. Para ello, de mínima, buscará evitar cortes programados como los que se vio forzado a implementar durante dos días en febrero de este año.
En ese esfuerzo se incluye también la renovación, a costos más bajo, de las usinas de generación móvil que durante la gestión de Cristina Kirchner poblaron las zonas más críticas para evitar apagones.
En la mesa tripartita, los técnicos de Energía aseguraron que no es necesario instalar de antemano la idea de que habrá restricciones programadas como las que se aplicaron en 1988 por serios problemas en el área de generación. “Según ellos, si no se producen fallas severas, existe suficiente respaldo para cubrir la demanda”, confiaron a PERFIL fuentes cercanas a la ministra Patricia Bullrich.
En el área de Seguridad, la coordinación corre por cuenta de Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil, que está a cargo de diseñar los planes de contingencia –junto con Osvaldo Rolando, su par de Generación y Distribución Eléctrica– para evitar desmanes en barrios afectados por falta de electricidad. “Sabemos que hay localidades, en especial en el Conurbano, donde es muy importante que reforcemos la seguridad si se extienden los cortes de luz. Estamos trabajando en un mapa de las zonas más conflictivas”, señalaron allegados a Bullrich.
Lo que está claro es que al accionar del Gobierno se concentra en el segmento de generación y en materia de seguridad. En el área de distribución eléctrica –el eslabón más precario del sector eléctrico– no hay mucho por hacer. “Las compañías han aumentado su inversión, pero es imposible resolver el nivel de deterioro de las redes en un año”, coincidieron la mayoría de las distribuidoras consultadas. En promedio, un usuario residencial de Buenos Aires sufre restricciones por 36 horas en el año, seis veces más que en Chile. Por eso, si el calor se sostiene durante varios días –la clave es que la temperatura baje por debajo de los 20 grados para que los cables se enfríen–, las fallas se repetirán.
La apuesta del Ejecutivo es sumar algunos proyectos de generación. Y echar mano al mayor volumen de energía importada disponible: traer hasta 1.500 MW desde Brasil, 500 MW de Uruguay y 200 MW desde Chile.
Aranguren: silencio sobre las naftas
A contramano de lo que seguramente quería el ministro a principios de 2016, la gestión de Aranguren al frente de Energía estuvo, durante el segundo semestre, prácticamente monopolizada por la cuestión tarifaria. Para muestra basta un botón: la última semana colaboradores directos del ministro se comunicaron con las principales petroleras –YPF, Pan American Energy (PAE) y Shell, entre otras– para pedirles que evitaran hacer declaraciones sobre el aumento del precio de los combustibles que está previsto para noviembre. El mensaje de los enviados del ministro es que la discusión por los precios en surtidores y también por el precio del gas –cuestiones centrales para que las petroleras cierren sus números de inversión para 2017– se retomará una vez que la audiencia pública por las tarifas eléctricas salga de agenda.
Reclaman al Estado el perdón de una deuda
La Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera) presentó una nota en distintos despachos gubernamentales para reclamar que el Ejecutivo les condone una deuda de alrededor de $ 22 mil millones que las empresas eléctricas mantienen con Cammesa, la compañía mixta controlada por el Estado que administra el mercado mayorista (MEM). Al tipo de cambio actual son alrededor de 1.500 millones de dólares.
En rigor, la misiva firmada por Claudio Bulacio, gerente de la entidad, que tiene fecha del 14 de septiembre, reclama que la eliminación de ese pasivo esté incluida en la Ley de Presupuesto 2017 que se está discutiendo en el Congreso. “Solicitamos que las deudas que a la fecha mantienen las distribuidoras con Cammesa reciban un tratamiento similar respecto de las obligaciones del MEM previstas en el artículo 15 de la Ley 27.198”, propone la carta.
Adeera –que nuclea a empresas del porte de Edenor, Edesur, Epe (Santa Fe), Epec (Córdoba), Edemsa (Mendoza) y Edelap, entre otras– fundamentó su pedido en que el congelamiento de las tarifas eléctricas no permitió a las distribuidoras cubrir sus costos operativos, por lo que se vieron obligadas a suspender los pagos.
Por Nicolás Gandini | Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil.
