El tránsito de Lan y luego Latam en Argentina es un camino plagado de obstáculos, en la que no faltan las acusaciones de coima y de boicot.
En el mercado ven a la salida de Latam de los vuelos de cabotaje en el país como una oportunidad para que Aerolíneas Argentinas, que hoy dirige Pablo Ceriani, vuelva a ser un monopolio en el mercado aerocomercial local. A pesar de que no hubo una acción directa de parte de este sector del Gobierno para la decisión de la línea, la crisis por la pandemia de coronavirus que sufre todo el sector ayudó a que la aerolínea de bandera tenga pista libre para volver a ser la única que no tenga competencia doméstica (salvo las dos lowcost, Flybondi y JetSmart, que son chicas en comparación a AA).
Esta situación es el colofón a una serie de encontronazos que tuvo la empresa con todos los espacios de regulación que tiene el mercado aerocomercial ocupados por gente de La Cámpora, en especial, y del kirchnerismo en general.
En esta mala relación se destacan tres hechos que marcaron la cancha a Lan entonces. Por un lado, una imputación por coimas. En 2016, el fiscal federal Ramiro González había imputado al ex ministro de Planificación, Julio De Vido; al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; a Manuel Vázquez, y al ex directivo de Lan y luego presidente de Chile, Sebastián Piñera, por presunto pago de coimas.
La causa se había iniciado por una denuncia de Gledys Stailer Cadenas Vega, quien sostuvo que del reporte anual de Lan Airlines, realizado por Price Waterhouse Coopers de Chile, se desprendía que Lan Argentina era controlada por Lan Airlines y que incluiría pago de coimas "en Argentina y otras partes del mundo" y que se trataría de “un grupo empresario y político creado con la intención de realizar estafas y lavar dinero”.
"En la presentación realizada ante la Cámara Federal el 4 de agosto se afirmó que Sebastián Piñeira, quien se desempeñaba como director de Lan, habría sido quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime y a su socio Manuel Vázquez, ello con la aceptación de Julio De Vido y que la empresa que habría facturado las coimas sería Caesa”, reseñó el fiscal.
La coima "por asesoramiento" (asesoramiento que nunca se realizó) habría alcanzado a más de un millón de dólares y esto le permitió a que la Aerolínea se instalara en la Argentina.
Pero parece que esto no alcanzó. En 2017, un empresario que fue accionista de Latam y Lan, Jorge Said Yarur, que a través de su empresa Ranco Tres S.A. poseía el 0,21% de las acciones, denunció que la aerolínea había pagado sobreprecios para que le permitieran seguir en la Argentina.
La causa, que llevaba el juez Claudio Bonadío, denunciaba que en 2013 la aerolínea le había pagado u$s 18 millones más que lo que debía (el monto original era de u$s 32 millones) a Intercargo, que dirigía María Cecilia García, miembro de La Cámpora. Esto fue reconocido por Latam ante la SEC.
Mariano Recalde, como presidente de Aerolíneas Argentinas hasta 2015, habría intentado sacar a Latam del mercado y la forma de presión utilizada no sólo fue Intercargo, sino también quitarle espacio para guardar sus aviones en Aeroparque o impedirle renovar su flota. Intercargo complicó varias veces la operatoria de la aerolínea con distintas medidas, como impedirle el uso de las rampas.
También en 2013, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA) pidió a Latam que desalojara los hangares que tenía alquilados en Aeroparque, desde donde partían y llegaban vuelos domésticos de la aerolínea. Latam se presentó a la Justicia y logró un amparo que impidió el desalojo y que se cumpliera el contrato de alquiler, que vencía en 2023.
En 2014, cuando la entonces presidente de Chile, Michelle Bachelet, visitó la Argentina, estaba al rojo el problema de los hangares. Y en conferencia de prensa, la ex presidente Cristina Fernández se mostró ofuscada cuando se le preguntó a Bachelet sobre el tema y respondió ella en lugar de su par chilena: "No hubo ningún reclamo porque no hay ninguna cuestión pendiente. El que siempre me preguntaba era el ex presidente chileno Sebastián Piñera. Creo que hay abierta una cuestión judicial. Si es judicial, hay que preguntarle al ámbito de la Justicia".
Otra forma de presión fue impedir que Latam renovara su flota o agregara rutas a su operación. La ORSNA no permitió que la empresa incorporara dos aviones, un Boeing 767 y un Airbus 320 que iban a aumentar sus vuelos internacionales. La ANAC también tuvo su parte y complicó el servicio de Lan al no dejarle sumar otra aeronave o agregar nuevos vuelos a Miami.
También los sindicatos aeronáticos fueron muy combativos contra Latam. Poco antes de la decisión de la aerolínea de irse del país, la empresa había intentado negociar una baja en los salarios mientras transcurriera la pandemia, pero los delegados se negaron. Hoy se quedan sin trabajo 1.700 personas.
En el gobierno de Mauricio Macri, los gremios aeronáuticos acusaron a la administración de favorecer a Latam ya que consideraban que la presencia en el gabinete de Gustavo Lopetegui (ex gerente de Lan) iba a ser favorable a la aerolínea regional.
En el mercado ven como un retroceso la salida de Latam del país porque demostraría que muchas empresas desconfían de la estrategia económica del gobierno, tanto por la problemática situación en general, la deuda y la crisis por la pandemia. Y por presencia de dirigentes y miembros de La Cámpora en lugares de control y estratégicos de la administración.
