Las 3 causas por las que Argentina es el país más gravoso del mundo

Tres razones explican por qué Argentina es el país más gravoso del mundo, la de los impuestos más altos, la del gasto público descontrolado, la de la inflación casi siempre por las nubes. Hoy tenemos una gran oportunidad para que esas razones que recaen sobre políticos, jueces y ciudadanía, pierdan fuerza y abran el espacio a un país más lógico en materia de carga impositiva y gasto fiscal.

La primera razón es la más natural: la voracidad fiscal del poder político. Hace días posteamos en las redes de Lógica (@paisconlogica) cuatro rankings del Banco Mundial, UIA y un par más que por distintos métodos concluyen que tenemos los impuestos más altos o que al menos estamos en el podio. Del informe “Carga Fiscal Formal” de UIA, surge que de los siete impuestos principales, en seis tenemos los más gravosos. Si focalizamos en ingresos brutos, concluimos que, tal como se aplica a lo largo de la cadena y con sus altas alícuotas, Argentina no tiene comparables en otros países. Pero no es suficiente. Desde las autoridades fiscales provinciales se crean regímenes que generan “saldos a favor” que, en la práctica, son un impuesto adicional, sin ley, sin establecimiento en la provincia, con demoras de entre 2 y 8 años para recuperarse (COPAL), el ejemplo más patente de hasta dónde llega la máxima voracidad fiscal mundial. La que no solo se explica por el peso y número de tributos (155 según IARAF) sino también por cómo son tratados los contribuyentes en Argentina.

La segunda razón es más importante: el Poder Judicial tolerante con esa voracidad. El ejemplo más representativo: lo primero que se aprende en la materia “Impuestos” en la facultad es la diferencia entre impuestos y tasas. Impuesto es un pago sin contraprestación, mientras tasa es con contraprestación específica y, naturalmente, su importe debe tener relación con los costos del servicio recibido. Distinción básica. Pero cuando la Corte Suprema tuvo la oportunidad de definir esta cuestión en el caso Esso con Mun. de Quilmes hace cuatro años, luego de una audiencia pública en la que una decena de expertos recordó esta distinción, decidió ignorar ese principio para sostener que las tasas pueden aplicar sobre los ingresos totales del vendedor, “impuestizando” las tasas. Un ejemplo de cúan funcionales han sido los jueces con la voracidad fiscal política.

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Pero hay algo más llamativo. Los impuestos más altos del mundo de Argentina ya casi no se discuten. Lo afirmaron esas cuatro entidades; lo dice a cada rato el presidente; la ex presidenta reconoció que teníamos más de cien tributos; cuando se debatió el Aporte Solidario once legisladores expusieron que teníamos los impuestos más gravosos; si googleamos “Argentina impuestos más altos del mundo” aparece una centena de artículos y notas. Ni qué hablar en las redes sociales. En todos los sectores se afirma o debate esto. Salvo en uno: el Poder Judicial. Hay 181 jueces de las tres instancias que juzgan impuestos nacionales. Ni nosotros ni la decena de mejores tributaristas que consultamos desde Lógica encontramos sentencias que mencionen que tenemos los impuestos más altos. De eso no se habla. Cuando los jueces deciden poner el caso tributario en contexto no dudan en invocar la enésima emergencia del Estado para forzarle decir a la Constitución Nacional lo que ella no dice. Llegamos a encontrar una sentencia, el caso “F.L.” de aporte solidario, que menciona 36 veces la emergencia del Estado. Pero entre las miles de sentencias de esos 181 jueces, no encontramos ni una sola que ponga el caso en el contexto de Argentina como país más gravoso del mundo. Tal como si las resolvieran en Chile o en Uruguay. Sí a la emergencia del Estado, no a la emergencia del Contribuyente.

Ahora, ¿por qué esta segunda causa es más importante? ¿No era que la ley aplica en general y la sentencia sólo al caso concreto? Sí, pero cada vez que un juez tolera un exceso fiscal concreto contra la Constitución incentiva a que todos los demás intendentes o gobernadores incurran en el mismo exceso. Nunca aplicaría el 6% de la tasa de Lanús a los supermercados si no hubiera existido antes el caso Esso. Además, que esta razón es más importante lo dicen los ganadores del Premio Nobel 2024, Acemoglu y otros, a quienes se lo dieron por haber demostrado que el fracaso de los países no depende tanto de la mala aplicación de políticas económicas sino del mal funcionamiento de las instituciones, en especial del Poder Judicial. Y más aún, agregamos, en el país de los impuestos más altos, donde la defensa judicial de los derechos del contribuyente resulta esencial. Por ello, el Poder Judicial es más responsable que el Poder Político por el fracaso fiscal argentino.

La tercera causa es más importante que la suma de ambas: nuestra falta de cultura fiscal por un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. De dos maneras. Primero, una brutal: prohibiendo por ley durante más de 50 años que se mostrara el IVA al consumidor final. Más algo peor: el dictado por la ex AFIP de sanciones específicas para el vendedor que mostrara el IVA al consumidor (art 8 RG 4333 DGI, entre otras). Este absurdo no existe en ningún otro país. La otra es sutil y artera: esconder impuestos detrás del árbol del vendedor y de cada otro eslabón de la cadena, sin informárselo al consumidor. Los efectos fueron la desconexión ciudadana respecto de los impuestos y el gasto público. No es casualidad. Tenemos los impuestos más altos del mundo porque tenemos el régimen que más se los ha ocultado a los ciudadanos. Dos caras de la misma moneda.

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¿Cuál es el remedio? Que el ciudadano se involucre con lo fiscal, tal como lo hizo en la consolidación de la democracia. Fue así como desde Lógica propusimos a los candidatos presidenciales el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, inspirados en el antecedente de Brasil (2012), país similar en cuanto a los dislates fiscales. Cuando los brasileños se enteraron por el ticket que estaban pagando más del 40% del precio final en tributos nacionales, provinciales y municipales, similar peso que en Argentina, hubo un cuádruple efecto. Primero, exigieron bajas de impuestos a un nivel lógico, y ya se empieza a aplicar una gran reforma por la que se bajarán siete puntos los impuestos al consumo. Segundo, empezaron a exigir servicios del Estado acordes a ese nivel de impuestos. Tercero, se involucraron en el gasto público, porque entendieron que no hay recursos del Estado, que nada es gratis, sino que los políticos gastan sus impuestos. Por último, ningún político quiere aparecer en el ticket, agravando impuestos ya insoportables, porque ello repercutirá en las urnas.

En nuestro país, este régimen ya aplica a nivel nacional, vemos en los tickets el IVA, internos, los dos impuestos a los combustibles, en todo el país. Existen un par de cuestiones nacionales pendientes pero se cuenta con todo el viento a favor. Pero a nivel provincial el viento sopla en contra y fuerte. La ley prevé la adhesión de las provincias para visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. A quince meses, sólo Chubut y Mendoza adhirieron, en procesos impecables. Entre Ríos, CABA y Córdoba están en proceso. Pero 19 provincias siguen en silencio, “jugando sucio”, reflejando el grado de resistencia de los gobernadores a mostrarnos la verdad fiscal, cuando están obligados por Constitución a dar “información adecuada y veraz” al consumidor. Si califica de tal el 1% de sodio y el 0,8% de azúcares, con más razón debe mostrarse el, por ejemplo, 5% de ingresos brutos o de tasas municipales. Más adelante discutiremos el tamaño del gasto provincial y el nivel de los impuestos, sin dudas. Pero los gobernadores no pueden seguir ocultándole la verdad fiscal a los consumidores. Nada más políticamente correcto que exigir transparencia desde la sociedad civil. Nada más políticamente incorrecto que la rechacen los gobernadores. Por lo cual, mientras no adhieran, no tendrán paz.   

Desde la sociedad civil tenemos la responsabilidad y obligación de exigir “juego limpio”. Dejar de ser el país más gravoso del mundo depende de políticos, jueces y de la sociedad civil.  De aquellas tres causas, la solución más importante es la generación de conciencia fiscal ciudadana porque ella incide, a su vez, en la solución de las otras dos. Del sector empresario depende la implementación de este régimen y, junto con el tercer sector, también que se lleve a cabo la necesaria campaña de concientización fiscal para difundir este régimen, sea la que desde hace dos años venimos impulsando desde Lógica o la que pueda llevar adelante cada sector.

Tenemos una oportunidad única e irrepetible para que desde la sociedad civil lo fiscal deje de ser una exclusiva cuestión política, un coto de los políticos, para convertirse en una cuestión principalmente ciudadana, inspirados en la exitosa concientización por la consolidación de la democracia, desde un lugar apartidario y más allá del signo político de turno. 

*Presidente de Lógica