Comercio ilícito: precios relativos, reglas y una narrativa equivocada

En la Argentina, el comercio ilícito responde sobre todo a la brecha entre el precio del canal formal y el de los canales irregulares. ¿Qué lugar ocupan el comercio electrónico y las plataformas digitales? ¿Cuál es el rol del Estado?

Paula Garnero

En los últimos meses ganó espacio en el debate público una narrativa que asocia el avance del contrabando y la proliferación de los mercados grises con el crecimiento del comercio electrónico. Pero  las causas del comercio ilícito en la Argentina, un flagelo estimado en torno al 5% del Producto Bruto Interno, tiene un motor común: la diferencia entre lo que cuesta un producto en el canal formal y lo que cuesta conseguirlo por fuera. Esa brecha se alimenta por precios internacionales, muy sensibles a los vaivenes macroeconómicos; ciertas inconsistencias del sistema tributario; y procedimientos de homologación y certificación que, cuando son lentos o redundantes, encarecen el acceso al mercado formal, según muestran distintos estudios sobre el tema.

El contrabando es el delito de ingresar o sacar mercadería del país evadiendo los controles aduaneros y los impuestos. El mercado negro es la venta de productos ilegales, como mercadería robada o falsificada (la falsificación es el uso no autorizado de una marca). El mercado gris es la venta de productos auténticos, importados legalmente, fuera de los canales autorizados por la marca; no siempre es ilegal, pero se vuelve parte del problema cuando evade tributos o certificaciones. Si bien es cierto que las redes sociales y los marketplaces pueden facilitar el comercio de productos contrabandeados y de mercados grises, confundir el canal con la causa es un error conceptual que debemos revisar. 

En una economía con una larga historia de inflación elevada, cambios bruscos en el tipo de cambio, impactan en los precios con rapidez. La eliminación de la brecha cambiaria terminó con el incentivo a sobredeclarar importaciones para acceder a dólares oficiales, una práctica que durante años distorsionó los registros aduaneros. La apreciación del peso encareció a la Argentina en dólares frente a sus vecinos. Y la apertura comercial multiplicó los flujos y los canales de importación. El resultado es un nuevo mapa de incentivos, en el que comprar del otro lado de la frontera, o ingresar mercadería sin declararla, se volvió más atractivo.

La carga tributaria amplía esa brecha. En electrónica de consumo y teléfonos de alta gama, la acumulación de aranceles, IVA e impuestos internos eleva los precios entre un 30% y un 40% respecto de los países vecinos. Se estima que por cada punto porcentual de incremento arancelario, la brecha de subdeclaración aduanera se expande un 0,91%.

A ello se suma la regulación. Las homologaciones cumplen una función esencial: una batería fuera de estándar puede explotar. El desafío no es eliminar normas, sino administrarlas mejor. Los trámites superpuestos o repetidos encarecen el canal legal. La paradoja: el producto irregular no pasa por ningún control, y una regulación lenta empuja la demanda hacia los bienes menos seguros.

El régimen de courier agrega una asimetría distinta: no con otros países, sino entre dos canales legales. Habilita la importación de bienes para uso personal, pero muchas veces es el canal de entra de productos que se revenden en el mercado local, sin pagar los tributos ni cumplir las certificaciones exigidas a quien importa para comercializar. La respuesta no es cerrar el régimen, sino controlar la habitualidad, cruzando las importaciones por courier con la actividad de venta.

Frente a esta realidad, pretender combatir el contrabando transformando a las plataformas en inspectores aduaneros privados mediante la imposición de responsabilidad objetiva o monitoreo masivo previo constituye un atajo regulatorio. La fiscalización y el ejercicio del poder de policía son facultades públicas indelegables del Estado. La Corte Suprema, en "Rodríguez c/ Google" (referido a buscadores), y los estándares internacionales coinciden en que los intermediarios no deben ejercer una vigilancia general preventiva, aunque sí actuar ante el conocimiento efectivo de un contenido ilícito.  Estudios de SmC+ y CACE proyectan que trasladar responsabilidades objetivas al canal online destruiría hasta 47.000 empleos y marginaría a más de 31.000 pequeños comerciantes.

Bien usado, el comercio electrónico es un aliado de la formalización. En los marketplaces, el 99% de las transacciones se liquida con medios electrónicos trazables, y la verificación de identidad (KYC), el cruce de datos con ARCA y las percepciones automáticas dejan una huella que la feria física no ofrece. En redes sociales y mensajería, en cambio, la venta suele cerrarse en efectivo o por transferencia: cargar a los marketplaces con responsabilidades objetivas podría empujar a los vendedores informales hacia esos canales, mucho menos trazables. La trazabilidad no garantiza la legitimidad del producto, pero orienta los controles del Estado.

La solución a los mercados ilícitos exige una estrategia integral: armonizar y simplificar tributos para mitigar las asimetrías de precios, agilizar las homologaciones mediante el reconocimiento recíproco de estándares internacionales de agencias de referencia, y modernizar la inteligencia aduanera mediante controles electrónicos posteriores basados en análisis de riesgo por CUIT. La Argentina le ganará terreno al comercio ilícito cuando cumplir las reglas sea más fácil y evadirlas deje de ser negocio.

*Directora de Insight·LAC

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