Los enviados de Kicillof estuvieron más de cinco horas con el mediador. Por primera vez, participó una estrecha funcionaria de CFK. Economía pide tiempo. Críticas de holdouts.
Por Patricia Valli
La negociación entre la Argentina y los fondos buitre sigue sin definirse y entraron en una especie de alargue, a 13 días hábiles del límite para que el país entre en default. Las partes presentaron sus posiciones, pero “no se alcanzó una resolución”, según señaló el mediador Daniel Pollack a través de un comunicado. Desde Economía aseguraron que “no hubo ninguna oferta”. El Gobierno reiteró que está dispuesto a negociar, pero aclaró que “demanda tiempo” yvolvió a pedir una cautelar que le permita ganar tiempo y hacer frente a los pagos a los bonistas reestructurados.
La delegación argentina esta vez estuvo encabezada por la Procuradora General del Tesoro,Angelina Abbona, quien tiene una estrecha relación con la presidenta Cristina Fernández. Hasta ahora, sólo había ido su segundo, Javier Pargament, quien también estuvo ayer. La delegación se completó con el secretario de Finanzas, Pablo López, y el Legal y Administrativo del Ministerio de Economía,Federico Thea.
También estuvieron presentes los representantes del fondo Elliot, los demandantes, con los que Pollack se había reunido un día antes, aunque no se cruzaron con los argentinos. Tras la reunión, en un comunicado, aseguraron: “No hemos visto ninguna señal de que la Argentina sea seria sobre siquiera comenzar la negociación”. Los directores financieros del fondo de Paul Singer Elliott Manangement, Jay Newman y Lee Grinberg, salieron del edificio poco después que los funcionarios argentinos.
La Argentina volvió a pedir la suspensión de la sentencia de Griesa. Como ejemplo, puso el caso de Repsol, que es visto por los acreedores con buenos ojos en cuanto a la forma de pago con bonos que se liquidaron en el corto plazo.
“El tiempo demandado por el arreglo con la empresa Repsol fue superior a los dos años, siendo los últimos cuatro meses de este período de intensas negociaciones, y en ese caso estaban involucradas cifras sustancialmente menores”, se señaló desde el ministerio de conduce Axel Kicillof.
“La República Argentina está dispuesta a continuar con un diálogo que permita encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas”, reiteraron en la reunión los funcionarios locales según un comunicado del Palacio de Hacienda.
“Las partes, incluyendo a los representantes de la Argentina y de los bonistas, vinieron a verme esta tarde. Cada uno presentó su posición, pero no en la presencia del otro lado. No se llegó a una resolución. Espero que haya diálogo futuro”, expresó Pollack al término de la reunión. Los representantes de las dos partes, en tanto, salieron del ex edificio de la American Tobacco sin hacer declaraciones. El encuentro con el mediador designado por el juez Thomas Griesacomenzó al mediodía y duró más de cinco horas. También participaron los abogados Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, el estudio que representa al país frente a los bonistas.
Pasos. Economía calificó a la reunión como “técnica”. Sin la presencia esta vez del ministro de Economía, Axel Kicillof, quien se entrevistó con Pollack el lunes, en esta reunión no se presentó ninguna oferta de pago sino que giró “sobre las graves implicancias de la interpretación de la cláusula pari passu sancionada por la Justicia norteamericana y sobre los impedimentos objetivos para el cumplimiento de la sentencia del juez Griesa”.
Los funcionarios argumentaron que el reclamo de los “me toos” (“yo también”, en inglés), el resto de los bonistas que no entraron al canje pero que podrían reclamar el mismo tratamiento que los buitres NML y Aurelius y el grupo de holdouts a los que Griesa autorizó a cobrar “el 100% de lo reclamado”, podría totalizar más de US$ 15.000 millones. También volvieron a explicar la vigencia de la cláusula RUFO, que hasta fin de año impide mejorar las condiciones de pago frente a los bonistas que ya entraron a los canjes.
El Gobierno necesita blindar un eventual acuerdo con los buitres para evitar nuevas demandas, mientras que nuevas firmas de abogados de los Estados Unidos están tratando de reunir al resto de los bonistas que no entraron al canje y que podrían tener otros US$ 6 mil millones en títulos en default. Para eso se analiza desde un acuerdo “bajo protesta”, como publicó el diarioAmbito Financiero, o la entrega de un “pagaré” canjeable por títulos a partir de 2015, según consignó El Cronista esta semana. Otra de las posibilidades es la de un depósito en garantía judicial, que genere un puente de tiempo para acordar.
Una pelea encarnizada
Luego de que la organización de lobby de los acreedores American Task Force (ATFA) presentara en el Congreso de Estados Unidos un documento en detrimento de la producción de carne de la Argentina, la Cancillería salió a responderle con dureza. “Los buitres acusan falsamente a la Argentina de perseguir el objetivo de minar los estándares de seguridad y salud animal en Estados Unidos”, denunció la Cancillería en un comunicado, en el que criticó “en especial” al fondo NML, “cuyo propietario es el especulador internacional Paul Singer”.
Ese fondo, sostuvo Relaciones Exteriores, “ha ampliado sus agresivas acciones al atacar el proceso productivo y la capacidad exportadora de la República Argentina”. “Los lobbies de los fondos buitre realizaron ayer (por el jueves) una presentación en el Congreso de Estados Unidos a fin de presionar políticamente para que se impida la apertura de las exportaciones argentinas de carne a dicho país”, indicó.
Artículo publicado en la edición 903 de Diario PERFIL.
