El Gobierno pidió un tratamiento “urgente” para suspender la orden judicial que exige pagar a los bonistas que no aceptaron la reestructuración de la deuda. Cuáles son los puntos salientes de la presentación.
Los abogados del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton -que representan a Argentina ante los estrados judiciales del estado de Nueva York- presentaron el lunes a última hora un escrito en el que solicitaron tratamiento "urgente" para que la Corte de Apelaciones suspenda los efectos de la orden que el juez Thomas Griesa impartió el miércoles, sobre el modo de liquidar la sentencia que benefició a los holdouts.
De acuerdo con la agencia DyN, estos son los puntos salientes de la presentación realizada por el Gobierno sobre el fallo que obliga a pagar antes del 15 de diciembre 1.330 millones de dólares a los bonistas que no aceptaron las propuestas de reestructuración de 2005 y 2010:
- Se consideró que el fallo es nulo porque, a criterio de la Argentina, el juez carece de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento.
- Por ende, se pidió a la Cámara el mantenimiento de la medida cautelar de "no innovar", hasta que se pueda completar el proceso de apelación que mantiene ese tribunal.
- Los argumentos de la Argentina se basan en la "inequidad manifiesta" de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu.
- El escrito señaló que si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, éste hubiera sido un "remedio consistente" con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta "que el Congreso argentino podría debatir".
- Se alertó que el fallo "amenaza" el cumplimiento del pago de los servicios de deuda que están siendo atendidos en forma regular.
- La posición argentina resaltó que la suspensión de la orden, hasta que la Cámara resuelva, es la única forma en la cual se "protege" la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general.
