Por la baja en la demanda, cae la producción y las fábricas se desprenden del personal. La opinión de la CGT y la UIA.
Por Mariana Brondello (*)
La crisis económica está empezando a golpear sobre las industrias del sur santafesino. A la suspensión por 60 días de las actividades del frigorífico de la localidad de Hughes, se sucedieron despidos en la fábrica de electrodomésticos Liliana y en las elaboradoras de Biodiesel. Además, la planta de General Motors ubicada en Alvear redujo su ritmo productivo anulando las horas extras.
Si bien las razones de las medidas tomadas por las compañías son variadas y no todas obedecen a la baja en la producción, lo cierto es que entre los trabajadores sobrevuela una molesta incertidumbre por su estabilidad laboral. “No podemos decir que hay una ola de despidos, pero tenemos conocimiento que hay algunos incipientes, suspensiones o retiros voluntarios”, indicó a Perfil.com Edgardo Quiroga, titular de la CGT de San Lorenzo.
En tanto, desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) vislumbran un año “más complicado que el 2013”, pero auguran que haya una recuperación tras este “parate” de enero y febrero. Según le dijo a este medio Guillermo Moretti, titular de la entidad e integrante de la Unión Industrial Argentina, todo depende cómo se comporten las variables económicas. “Si se estabiliza vamos a poder tener un crecimiento”, asegura.
En general, Moretti es optimista respecto de la situación de la industria santafesina, sin embargo reconoce que “hay sectores que están peor que otros”, y menciona entre los más afectados a las automotrices, autopartistas y frigoríficos.
El biodiesel, muy complicado. El principal sector con inconvenientes sin lugar a dudas es el de los pequeños y medianos fabricantes de biodiesel. En febrero “la mayoría de las plantas no entregaron producción”, señaló a Perfil.com Juan Facciano, miembro de la comisión directiva de la cámara que los nuclea (CEPREB). La situación es “muy complicada” desde hace más de un año por la falta de actualización del precio por parte del gobierno, quien es la autoridad de aplicación, determinación y publicación a través de la secretaría de Comercio Interior y del Ministerio de Economía.
Tras una catarata de reclamos, a mediados de enero fueron publicados los valores correspondientes a noviembre y diciembre, “pero por debajo de los costos presentados”. Las pymes que se dedican a esta actividad se encuentran en una encrucijada, debido a que su único nicho de mercado es el interno y no tienen “plan B”, como sí tienen las grandes plantas -Bunge, Dreyfus, Molinos o Vicentin, entre otras-, al poder vender al exterior.
“Todo lo que el gobierno dice estar implementando como política de Estado –sustitución de importaciones, diversificación de la matriz energética, desarrollo de economías regionales, industrialización de productos primarios- en los hechos no es así, está sucediendo todo lo contrario”, reflexiona Facciano.
Desde la CEPREB sostienen que el escenario es tan alarmante que ya hay fábricas que desvincularon gente, otras con suspensiones, unas cinco que iniciaron un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, y otras que están funcionando por compromisos asumidos con los proveedores de materia prima, “que los obliga a trabajar a pérdida”. Denuncian que de continuar así las cosas, indirectamente, unos 2500 puestos de trabajo están en riesgo.
El caso Liliana. En la fábrica de electrodomésticos de “línea blanca” unos ocho empleados fueron despedidos, y según ellos mismos argumentan, es por su condición de delegados. Luego de que la empresa inaugurara su nuevo edificio y trasladara allí los trabajadores de cada una de las empresas y talleres que funcionaban de modo satélite, cerca de una decena fueron cesanteados. En tanto, la empresa niega esa versión y dice tener sus motivos valederos que prefiere no revelar. Aseguran que el nivel de producción no ha bajado y que la compañía mantiene 680 empleados en actividad.
General Motors, en alerta. Desde el último trimestre de 2013, la automotriz ha reducido su producción de 34 a 29 unidades por hora. Aunque niegan que se contemplen despidos o merma de turnos, sí tienen suspendidas las horas extras. Esta baja obedece a la menor demanda que hay desde Brasil, hacia donde comúnmente se destina un 75 % de lo que aquí se genera.
Desde el gremio Smata temen por la situación de los asalariados porque a ese escollo se suma el nuevo impuesto a los automóviles que rige desde comienzos de este año. “No solo afecta a las terminales, sino también a las concesionarias, quienes han visto reducida la venta en un 30 % en autos importados”, detalló Marcelo Barros, secretario general del sindicato.
(*) Especial para Perfil.com
