Fondos buitre | Dos más dos sigue siendo cuatro

Por Martín Galli Basualdo (*) | El análisis de una cadena de errores a lo largo de los años y el peso sobre los hombros de los ciudadanos.

Redacción Fortuna

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Por Martín Galli Basualdo (*)

Hay algunas circunstancias en torno al nuevo default argentino que parece avecinarse en estos días, con motivo del accionar del gobierno actual y las decisiones judiciales dictadas en los Estados Unidos en el caso de los hold outs (el fondo NML), que creemos resultan de interés.

Los mencionados holdouts promovieron su juicio hace unos cuantos años para reclamar al Estado Nacional el pago de ciertas sumas de dinero vinculadas a la deuda externa argentina. La sentencia judicial se dictó en ese proceso en el año 2011. Con posterioridad, como el gobierno argentino decidió no cumplir con el fallo de la justicia norteamericana, se inició una etapa de ejecución de sentencia. Esto es, si una parte en juicio no cumple normalmente –en forma voluntaria- con la condena, la parte vencedora y el juez avanzan hacia una segunda etapa judicial de ejecución forzosa del fallo.

En tales condiciones, en el año 2012 la Presidente expresó en una declaración pública que no se iba a pagar a los “fondos buitres”. Tal afirmación fue tomada como un hecho no controvertido por la justicia estadounidense para proseguir con esa instancia de ejecución judicial. Es que si la máxima autoridad del gobierno argentino afirma que no se va a pagar una deuda estatal, no se requiere demasiada prueba para demostrar tal hecho público y notorio. A confesión de parte, relevo de prueba.

Desde entonces, en el mencionado pleito se está examinando la forma de cumplimiento del mandato judicial decretado por la justicia de aquel país. Sin perjuicio de lo antes señalado, en estos años rigió un stay, es decir, en términos judiciales argentinos, una orden judicial que suspendía la ejecución del fallo condenatorio, la cual fue dejada sin efecto en el mes de junio de 2014.

Así, el 30 de junio pasado se venció el plazo para abonar la suma que reclaman ciertos hold outs. De ahí, como sabemos, hay un período de gracia de 30 días para ver qué sucede con esta cuestión. El efecto preocupante de esta contienda judicial podría ser -cómo se ha informado en todo este tiempo- que la justicia de los EEUU decida incautar o no liberar las sumas de dinero que el gobierno argentino transfiere a los agentes encargados de pago en concepto de servicios de los bonos de la deuda que corresponde abonar a los holdins (bonistas que entraron en el canje ofrecido por el gobierno).

Algunas consideraciones breves sobre el tema. Si en el año 2012 el gobierno actual no hubiera afirmado ante los medios que no se les iba a pagar a los hold outs, hubiera sido más fácil discutir lo concerniente a la “voluntad de pago” del Estado argentino. En segundo lugar, si en ese momento se hubiera negociado con los hold outs, se hubiera aprovechado una mejor oportunidad para acordar con los bonistas que no entraron en el canje de deuda ofrecido por el Estado Nacional, se hubiera obtenido una quita razonable y no hubiéramos llegado a esta instancia donde estamos frente al abismo de un segundo default, cuyas consecuencias económicas ya sufrimos hace unos años y logran avizorarse tanto en el ámbito público como privado. Corolario de lo antes indicado, toda la sociedad argentina tendrá que pagar una suma de deuda pública muy pero muy superior en este caso en particular. Obsérvese que este fondo NML compró bonos por un monto cercano a los 50 millones de dólares y ahora la justicia ordena abonarles 1500 millones de esa moneda norteamericana.

Como vemos, las causas de lo que estamos viviendo y las soluciones estratégicas han sido claras, aunque pretendan ser desmentidas. Dos más dos sigue siendo 4 en las cuestiones jurídico económicas de un país, por más que procure ser negado a través de una explicación inconsistente y falaz.

Habrá que ver ahora cómo impacta esta cuestión en el caso de los holdins en la medida en que la justicia norteamericana no libere, incaute o embargue los fondos que transfiere el gobierno argentino a fin de ejecutar el cobro de la deuda reclamada por los holdouts y como juegan la cláusula RUFO (Rights upon future offers, la cláusula pari passu que permite que los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y 2010 reclamen a la Argentina que se les mejore lo ofrecido equiparándolos al caso de otros bonistas que no entraron en el mismo -holdouts-, en tanto éstos últimos reciban montos superiores a los oportunamente acordados en dicha reestructuración de deuda) y la cláusula del cross default (que implica que los holdins avancen con el reclamo de los servicios de la deuda que no les sean abonados en tiempo y forma, y en consecuencia se produzca un efecto de default multiplicador sobre otros títulos de la deuda externa en moneda extranjera y un incremento del pasivo estatal).

Una última reflexión que debemos realizar quienes somos los “gobernados” en esta Nación. Como dicen los economistas, si los fondos buitres han comprado bonos argentinos, ello se debe a la quita enorme que impuso el gobierno en los últimos canjes de títulos públicos, en cuyo mérito dichos fondos cuentan con un spread significativo para recuperar esa deuda considerable impaga y en default. Esta actitud de esos sujetos privados no se debe a una supuesta “maldad” de los fondos buitres sino que encuentra una causa en particular: el gobierno argentino decidió cumplir con el pago de la deuda imponiendo una quita del orden del 70 %, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros países del mundo y tal conducta gubernamental ha provocado la “atracción fatal” de los fondos buitres.

(*) El autor es abogado asociado al Estudio Cassagne y profesor de derecho administrativo. Especial para FortunaWeb.

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