Por Nicolás Gandini | Aranguren se metió en la interna entre Galuccio y las provincias de Neuquén y Chubut. Las causas.
El conflicto entre el Gobierno y las provincias petroleras por la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos está cada vez más candente. Esta semana sumó otro capítulo con la denuncia de la AFIP por su presunta evasión tributaria contra Martín Buzzi, gobernador de Chubut, el mayor productor de crudo del país. El mandatario sostuvo que la acusación es “falsa” y ubicó a la Casa Rosada detrás de la avanzada judicial. “Responde a mi firme postura en defensa de los intereses de la provincia” contra la reforma, acusó.
El ida y vuelta mediático entre las voces a favor de la iniciativa –con Miguel Galuccio, presidente de YPF– y en contra, abanderadas por políticos de Neuquén y Chubut, ya lleva casi tres meses. En el fárrago se pierde de vista que la disputa tuvo como disparador el avance de las petroleras provinciales sobre la renta del negocio hidrocarburífero.
Desde la torre de YPF en Puerto Madero sostienen que la participación de esas empresas –entre las que se destacan Gas & Petróleo (Neuquén), Petrominera (Chubut) y la recientemente creada Emesa (Mendoza)– desalienta la llegada de inversores. Y cuestionan la inclusión del acarreo (carry), el mecanismo empleado por las firmas provinciales para conservar un porcentaje accionario en los yacimientos sin desembolsar dinero.
Aranguren se paró en la vereda de enfrente de Galuccio en defensa del rol de las empresas provinciales.
El propio Galuccio declaró, el mes pasado, que el carry “erosiona la tasa interna de retorno de los proyectos no convencionales en Vaca Muerta”. La mayoría de los empresarios privados evitó pronunciarse sobre el punto. El único que accedió a opinar públicamente fue Juan José Aranguren, presidente de Shell, que está explorando tres áreas en Neuquén en la búsqueda de shale gas y shale oil.
“El carry no compromete la llegada de inversiones a Vaca Muerta”, afirmó a PERFIL. “Es cierto que tanto el acarreo como el signature bonus (“bono de ingreso”, propuesto por las provincias como herramienta recaudatoria) tienen impacto en el flujo de fondos del proyecto. Ambos afectan la TIR o el valor presente neto. En el primer caso se paga en ‘cuotas’ a medida que se invierte, y en el segundo se abona al principio”, detalló.
Pero, a su entender, ésa no es la discusión de fondo. Lo que sucede –cuestionó– es que “previendo el final de su período de concesión de explotación o permiso de exploración en determinadas áreas, algunos productores (presumiblemente YPF) quieren acotar el poder de negociación de las provincias”.
Aranguren se paró en la vereda de enfrente de Galuccio en defensa del rol de las empresas provinciales. “Tener de socio a la provincia no es malo, porque ante problemas con el gobierno nacional por la importación de equipos o el incremento de las retenciones (a la exportación), o con las comunidades locales y los sindicatos, es más fácil encontrar una solución si la empresa provincial participa”, enfatizó. “Si se le paga un bono de ingreso, no va a tener el mismo grado de compromiso”, agregó.
