Delegados se enteraron de los despidos por un comunicado pegado en la entrada de la planta. Deudas impositivas millonarias, cheques sin fondos y posibles compradores en danza.
Rasic Hnos, la empresa que comercializa los pollos Cresta Roja, cerró su planta ubicada en la localidad bonaerense de El Jagüel (Tristán Suárez) y dejó en la calle a 3.500 trabajadores que no fueron despedidos formalmente ni notificados del cese de la producción.
El delegado Gabriel Cáceres denunció que se enteraron del despido "por un comunicado pegado en la entrada".
Cresta Roja es la segunda avícola más importante del país con un 15% del mercado.
La compañía entró en convocatoria de acreedores en julio pasado y, desde ayer, no permite el ingreso de trabajadores a una de sus sedes, explicó a Radio Continental el delegado Cáceres.
La nota ubicada en la puerta de la planta dice que “la empresa cierra por inconvenientes internos”. “De todos modos, ahora la planta se encuentra en manos del sindicato y del Ministerio de Trabajo (bonaerense), que se tiene que reunir con representantes de la compañía”, explicó Cáceres.
"Veníamos cobrando normalmente, pero en julio la empresa avisó que iba a convocatoria", dijo Cáceres en otra entrevista, con radio Rock and Pop, donde confirmó que son 1.200 personas las que ahora esperan soluciones de parte del Ministerio de Trabajo bonaerense, adonde fueron convocados hoy junto al Sindicato de Trabajadores de la Alimentación.
El descalabro económico de la empresa empeoró en el primer semestre de 2014, cuando la empresa emitió 335 cheques sin fondos por más de $43 millones, de los cuales apenas pudo levantar el 4%.
Si bien se desconoce el pasivo total de la empresa, trascendió que sólo en materia impositiva la deuda asciende a $ 1.200 millones.
En diálogo radial, trascendió que Rasic estaría negociando vender sus activos a otro grupo, entre ellas la líder Tres Arroyos, que posee el 21% del mercado.
Ahora se espera una reunión clave con el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango.
Los hermanos Rasic habían pedido una ayuda al gobierno de $50 millones que nunca fue concedida a la espera de que una venta de la compañía resolviera el problema.
Cuando se pidió la convocatoria, Daniel Scioli mandó a su ministro de la Producción, Cristian Breitenstein, a buscar una solución, pero luego la negociación se centralizó en Nación: quedando a cargo de Jorge Capitanich y Débora Giorgi.
