El “desacato” no tiene efectos prácticos

Jorge Capitanich pidió a EE.UU. que acepte la sede de La Haya para dirimir allí las diferencias. Expectativa por la cadena que dará Cristina esta tarde.

Redacción Fortuna

El jefe de Gabinete Jorge Capitanich fue el primer funcionario en opinar sobre la declaración de desacato emitida ayer por el juez de Nueva York Thomas Griesa.

Capitanich leyó un comunicado que indica que la resolución adoptada "es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos".

Asimismo, consideró que el juez neoyorquino Thomas Griesa "ha provocado un verdadero galimatías jurídico" al declarar a la Argentina en "desacato" por no cumplir con fallos de su tribunal que la obligaban a pagar US$ 1.330 millones a los tenedores de bonos en cesación de pagos. "Cada decisión que toma, empeora la anterior", dijo el funcionario en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Griesa "está en una encrucijada cuyo destino final es absolutamente incierto en virtud de su marcada incompetencia para resolver un tema judicial fácil y sencillo", agregó.

El jefe de ministros volvió a responsabilizar al gobierno de los Estados Unidos por las sentencias de sus tribunales y aseguró que la resolución de Griesa "no tiene efectos prácticos y sólo sirve a la campaña de desprestigio y extorsión que sistemáticamente aplican los fondos buitre".

# Cristina hablará del desacato

En la misma línea se expresará esta tarde la presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La Presidenta estuvo reunida ayer con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Tras conocerse la decisión del magistrado, evaluaron la posibilidad de apelar la medida, accionar que fue descartado porque si bien el magistrado decretó el desacato, no aplicó la multa.

Ahora, CFK tiene previsto hablar en un acto de la firma de la refinanciación de las deudas provinciales.

La expectativa es creciente entre empresas con presencia en la Argentina en el caso de que se encuentren "por estatuto" limitaciones para mantener inversiones en un país que está en desacato con el Estado donde se encuentran sus casas centrales, en momentos en que las relaciones ya están resentidas entre otras cuestiones por las dificultades para remesar utilidades o pagar importaciones.