El proyecto de Conti no es nuevo. El original que sirvió de inspiración, proponía un monto muchísimo menor. Qué pasó en el medio.
Luego de que la diputada ultrakirchnerista Diana Conti presentara ante la Cámara de Diputados el proyecto para resarcir con una pensión graciable de 8 mil pesos mensuales a transexuales y travestis que fueron encarcelados o víctimas de violencia institucional por su identidad de género, se disparó la polémica.
La iniciativa solicitada por diferentes organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual, propone una compensación en base a la violación de los derechos fundamentales "por motivos de su identidad de género". La asignación monetaria es la equivalente a la "remuneración mensual asignada a la categoría D nivel 0, planta permanente sin tramo -Agrupamiento General- del escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público". O sea, un salario del Estado para personas que fueron víctimas de delitos, siempre y cuando sean travestis.
La idea no es nueva. El monto, tampoco. En 2011, la legisladora porteña María Rachid, había presentado en la Legislatura Porteña un proyecto de ley para que los travestis y transexuales de la Ciudad de Buenos Aires cobraran una pensión no contributiva de casi 2.000 pesos "por los maltratos recibidos en los últimos años". Según se veía en ese entonces, era una forma de aprovechar la ley de identidad de genero y "reparar el daño".
La idea era que “las personas trans mayores de cuarenta años, que hayan realizado su cambio registral conforme la Ley Nacional Nº 26.743 y su decreto reglamentario PEN Nº 1007/2012” puedan cobrar la pensión. El plan contaba con un pequeño problema: si el DNI ya rezaba la condición femenina de un ciudadano, dejaba de ser trans para la misma ley.
El monto de $1.992 era aleatorio y modificable. Estaba atado a las "unidades fijas", como las multas de tránsito. Y las unidades fijas se miden en litros de nafta super. En 2011, los montos llevaban años sin actualizarse, cotizando la unidad fija en $1,66. A 1.200 unidades fijas por subsidio, el monto de dinero ascendía a casi dos mil pesos. Así y todo pusieron un límite: sólo podrían cobrar la pensión personas con ingresos “que no superen las 3.500 unidades fijas mensuales”, o sea, los que cobraban menos de $5.800. En total, un empleado trans con subsidio, podía llegar a cobrar aproximadamente unos 7700 pesos por mes.
El proyecto quedó en el olvido, hasta estos días en los que volvió a tomar vida, esta vez en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, sorprendió la variedad del monto a entregar. Si la medición se efectúa en el monto total a percibir, el máximo es similar a la idea original, tres años después, con una inflación del 28, 30 y 40% en lo que lleva 2014. Los que salen ganando, son los que no tienen un trabajo registrado, dado que el ingreso se les multiplicó por cuatro.
Cabe aclarar que todos perdieron al compararse con el proyecto original: con el monto de las unidades fijas hoy cotizadas en $6,40, el proyecto de Rachid llevaría las cifras a $7.680. Al respecto, la Legisladora aseguró que bajarán "la cantidad de unidades fijas para que el subsidio vuelva a estar acorde con la cifra original”.
La idea otra vez va en contra del espíritu original al olvidarse de la inflación galopante de los últimos años, pero bueno, es un dato menor si se tiene en cuenta que buscan arbitrar un pago a una minoría por haber sido víctimas de algún ilícito en una ciudad –y un país– en el que la ciudadanía se divide entre los que fueron víctimas de algún delito y los que conocen a alguna víctima de un delito.
