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11/01/2015

Identificar a los bonistas demoraría dos meses

Por Patricia Valli / Agustin Ceruse | Recién hacia marzo terminarían de plegarse al reclamo en Nueva York el resto de los acreedores.
REDITO POLITICO. A Kicillof y todo el Gobierno el conflicto le genera adhesión. La Cámpora, movilizada en Mar del Plata.

La Argentina espera tener el detalle de quiénes son todos los holdouts con los que puede negociar para solucionar el problema del 7% de deuda todavía en default desde 2001 y pasar la página. Y podría conseguirlo en marzo.

Según estimaciones de abogados, en los próximos dos meses podrían terminar de presentarse los tenedores para reclamar y facilitarle el trabajo a Economía de identificar a la masa con que quiere negociar en bloque. “(El mediador Daniel) Pollack espera que nos sentemos a la mesa”, reconoció el abogado de un grupo de bonistas holdouts que aseguran haber comprado su deuda “al 100%” y que reniega del mote de “buitre”.

Sobre la base de las presentaciones de los “me too”, los holdouts que reclaman cobrar lo mismo que el juez Thomas Griesa le concedió a los fondos buitre NML Capital, Aurelius y Blue Angel, entre otros, y quienes fueron convocados a la mesa del mediador Daniel Pollack, restan unos US$ 2 mil millones de tenedores por presentarse aunque existe la posibilidad de que la mitad de ellos sean títulos perdidos u olvidados que no van a ser reclamados, lo que en la jerga se conoce como “scrap”.

El número y el detalle de quiénes son los acreedores es lo que permitiría generar un acuerdo eventualmente con los tenedores menos intransigentes, aunque según entienden en el Palacio de Hacienda, Paul Singer, el magnate de Elliott Management que controla NML se aseguró de juntar al menos a un 50% que mantendrá su postura.

“Pagar lo que piden es pagar US$ 23 mil millones de dólares al 7% que no entró al canje, no nada más los US$ 1.600 de los buitres”, escribió el miércoles en Twitter el ministro de Economía Axel Kicillof, y dio cuenta de que desde el Palacio de Hacienda esperan la confirmación de la composición de los acreedores. “Los US$ 23 mil (millones) son una estimación de Argentina, porque Griesa no termina de decir cuánto es, cuántos son, qué reclaman y en qué condiciones”, agregó el flamante tuitero.

En tanto, el juez Griesa convocó a una audiencia el 3 de marzo, el primer encuentro vencida la cláusula RUFO, para analizar el pago de intereses de bonos bajo legislación nacional por parte del Citibank, una decisión que postergó en varias ocasiones con la habilitación extraordinaria y “por única vez” –aunque la excepción se produjo finalmente tres veces– para el pago de los intereses por fuera de su fallo.

Más allá de los holdouts, en el Gobierno reconocen el riesgo de que los bonistas con títulos que quedaron en el limbo del fallo de Griesa –en default selectivo para las “calificadoras de riesgo” o “restricción de cobro” para la administración de Cristina Fernández– vuelve a rondar el fantasma de la aceleración. Cuánto están dispuestos a esperar los bonistas que no cobraron es la pregunta que resuena una y otra vez.

En ese contexto, los grandes “fondos de inversión” que pueden ser los fondos buitre de otros países y empresas, siguen armando fondos de bonos argentinos, de los bonos que cotizan y también la deuda impaga por el fallo de Griesa, que mantuvo su cotización y el “atractivo” para el mercado. Los buitres, además, siguen buscando la forma de “cobrar” el fallo. Así, se espera todavía la definición de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre si el Banco Central es el “álter ego” del Estado Nacional, que quedó en instancia de deliberación después de que las partes presentaron sus posiciones a principios de diciembre.

La deuda interna. Luego de un año de varios paros y protestas, los trabajadores del Ministerio de Economía exigen, esta vez, un trato igualitario para todos los sectores. Es que el viceministro Emmanuel Alvarez Agis premió a colaboradores de la secretaría de Política Económica con un bono navideño de 3.200 pesos. El beneficio se extendió al Indec, pero una fuente interna reveló que “se excluyó a quienes denunciaron en 2007 la intervención”.

La mejora fue posible por el reparto del excedente presupuestario con el que se finalizó el 2014. Cuando la junta interna de ATE le acercó la propuesta para compensar la caída real del salario público, Axel Kicillof se habría sincerado: “El problema no es fiscal, pero no puedo pagar el costo político de superar el acuerdo con–el gremio oficialista– UPCN”.

Por todo esto, el delegado general de ATE en el ministerio, Pablo Almeida, confirmó a PERFIL que el próximo martes realizarán una nueva protesta a las puertas del Palacio de Hacienda. Así recibirán a Kicillof, que volverá de Colonia, Uruguay, luego de tres días de descanso.

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