Argentina debe pagar 5.400 millones de dólares a más de 500 acreedores que se sumaron a la demanda de los fondos de inversión.
El juez estadounidense Thomas Griesa falló hoy a favor de cerca de 500 acreedores que se sumaron a la demanda de los fondos buitre por el cobro de deuda. Con el aval del magistrado al "me-too", Argentina debe pagar 5.400 millones de dólares, que se suman a los 1.330 millones de dólares más intereses impagos por los cuales el país entró en default.
Según resolvió Griesa, el país deberá cumplir con el fallo a favor de estos acreedores que reclaman "trato igualitario" ("me-too", en inglés) antes de poder pagar la deuda reestructurada, indicó la agencia Reuters.
En esa audiencia, los abogados que representan al Estado argentino argumentaron que este nuevo grupo de acreedores no está en condiciones de reclamar el incumplimiento de la cláusula pari passu (igual tratamiento de acreedores) que provocó el fallo original de Griesa.
Los "me too" afirmaron que Argentina "no puede ignorar" a los bonistas que están en juicio y reclamando sus acreencias.
Tras escuchar a las partes Griesa optó por postergar una decisión, que finalmente tomó hoy.
Previo a la audiencia, Dan Pollack, el intermediario judicial designado por Griesa, emitió un comunicado en el que afirmó que la Argentina no respondió a una invitación a negociar realizada por los holdouts en enero.
"He estado en comunicación con los abogados de ambas partes en varias ocasiones luego de que expiró la cláusula RUFO. Los fondos que reclaman presentaron al final de enero a través mío una invitación a la Argentina para reanudar las negociaciones directas. La Argentina todavía no ha hecho uso de esa invitación cursada", señaló el parte de Pollack.
Días después, Argentina rechazó la invitación de Pollack por "falta de confianza" en el funcionario. "La República nos ha informado que, luego de estudiar detenidamente la situación, ha concluido que no es posible entablar negociaciones en este momento con motivo de la persistencia de las demandantes en llevar adelante conductas que afectan a la República", se indicó en una nota el abogado del estudio Cleary Gottieb, Carmine Boccuzzi.
La decisión de Griesa se da en el marco de un largo litigio judicial iniciado por unos fondos de cobertura que buscan un pago total de sus acreencias tras la cesación de pagos del país por unos 100.000 millones de dólares en el 2002.
Argentina cayó en un nuevo default de deuda en julio de 2014, cuando el país se negó a cumplir con el fallo del juez neoyorquino.
