Por Jairo Straccia |Compañías de consumo masivo y alimentos fueron a la Justicia porque consideran que ciertas flamantes regulaciones perjudican sus negocios. Entretelones.
En medio de un clima de fin de ciclo, diversos sectores que se sintieron golpeados por regulaciones oficiales decidieron ir a la Justicia.
En los últimos días, las principales empresas de consumo masivo y alimentos pasaron de la queja a la acción contra la última medida oficial que consideran que impone regulaciones que mellan sus negocios: la Resolución 420 de la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Augusto Costa, del pasado 15 de octubre, que crea el Sistema de Fiscalización de Rótulos y/o Etiquetas (FDR).
Se trata de una instancia por la que el Gobierno deberá chequear caso por caso las etiquetas de cada nuevo producto que se lance en alimentos, bebidas, alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica, entre otros.
Ahora, la presentación corrió a cargo de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), y se suma a otras medidas judiciales que en diversos sectores se están cuestionando en momentos en que la Casa Rosada pierde legitimidad para fijar nuevos controles.
“Hay hartazgo en las casas matrices de muchas de esas multinacionales, que decidieron salir a defenderse en la Justicia porque ven que hay un gobierno en retirada”, interpretaron en una cámara binacional que acompaña el reclamo. “La Justicia debe expedirse cuanto antes”, agregaron.
El otro frente de batalla abierto corresponde a las aseguradoras, que entienden que fueron perjudicadas en su patrimonio cuando se les hizo extensiva la medida de la Comisión Nacional de Valores (CNV), presidida por Cristian Girard, referida a la valuación de los activos en dólares de los fondos comunes de inversión. Los departamentos de legales de las aseguradoras trabajan borradores con la esperanza de que la Justicia determine “no innovar” y eche por tierra la norma.
Ahí, los argumentos redundan en el carácter sorpresivo de la norma, la contradicción con los fines que persiguen los órganos que rigen la actividad (Superintendencia de Seguros de la Nación) y su imposibilidad de ser puesta en práctica.
