Denuncian que con los tarifazos, todo el sueldo se destina al pago de servicios y de vivienda.
En medio de la fuerte suba de los servicios, la agrupación Inquilinos Agrupados solicitó al director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, la implementación de una tarifa social para el sector. “Los inquilinos destinamos la mitad del salario al pago del alquiler y con los aumentos de tarifas en algunos casos se llega a pagar casi el equivalente de un mes entero, es un tema muy grave para el sector porque son dos cosas que no se pueden dejar de pagar”, dice Gervasio Muñoz, referente de la agrupación.
El planteo que hacen para todo el país es que aquellas familias que paguen hasta $ 14 mil de alquiler y tengan ingresos menores a $ 30 mil puedan acceder a una tarifa social. “A los aumentos del alquiler y las expensas, que representan hasta el 60% de los ingresos familiares, ahora se sumaron los aumentos en los servicios de agua, luz y gas, que en ocasiones representan hasta un mes de alquiler”, expresan en un comunicado.
Desde Defensa del Consumidor sostienen que el tema tarifario debe discutirse aún con el Ministerio de Energía, ya que por el momento quienes son beneficiarios de estas tarifas son los jubilados, quienes perciban salarios de hasta $ 12 mil, o sean titulares de programas sociales. “En algunas ciudades hay riesgo de suspensión de pago de alquiler”, advierten desde IA.
En ese contexto, el debate podría darse primero en las provincias de Neuquén y Córdoba, donde los contratos de alquiler son sellados, lo que permite demostrar su legalidad, algo que en la Ciudad de Buenos Aires no se hace, por lo que el martes tendrán una reunión con la directora de Defensa del Consumidor porteña, Vilma Bouza, donde irán con el planteo del sellado, pero además, con otras deudas, como el control sobre el cobro de comisiones que hacen las inmobiliarias sobre los contratos.
Por Josefina Hagelstrom | Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil.
