El diputado del Frente Renovador criticó que Macri "haya criticado un proyecto sin leerlo". "Fue muy imprudente", criticó.
El bloque de diputados por el Frente Renovador presentó ayer un proyecto para declarar la "emergencia aduanera" por 120 días, que castiga también las irregularidades en el control aduanero sobre importaciones y exportaciones y eleva también las penas por el tráfico de estupefacientes. El diputado nacional massista Marco Lavagna salió este jueves a defender la iniciativa luego de que fuera repudiada en fuertes términos por el oficialismo.
La propuesta parlamentaria fue presentada tras el cruce que el presidente Mauricio Macri tuvo con el jefe de ese espacio, Sergio Massa, a quien le pidió "que no hable en el aire" tras anunciar la decisión de presentar una propuesta para frenar las importaciones. Lo cierto es que, tal como lo establece en sus fundamentos, la propuesta también se encuadra en la situación generada por la denuncia presentada contra el ex el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.
En diálogo con el programa A los botes, emitido por FutuRock FM, el legislador del Frente Renovador criticó: "Creo que es muy imprudente que el Gobierno salga a criticar a un líder opositor por algo que todavía ni siquiera habían leído y ni siquiera estaba presentado. Fue mal informado el Presidente y se anticiparon. Más allá de la crítica a la medida creo que es muy imprudente que se salga con esa virulencia a criticar al líder de la oposición. Si no gusta lo que decimos, bueno, se discutirá. Pero salir así es todo lo contrario a buscar el consenso y el diálogo. Hay que dialogar con la extrema derecha, con la extrema izquierda y con el centro. Hay que buscar ideas superadoras. Fue errado salir a criticar de esta manera".
Y explicó: "En el proyecto nosotros no planteamos un cierre del comercio. Nosotros lo dijimos además en el marco de lo que pasa en la Aduana con el caso de Gómez Centurión. Tenemos 14 mil millones de dólares, que es el 20% de las importaciones que están bajo sospecha por la misma Aduana. En ese marco se dio el tema. Decimos que por 120 días hay que decretar la emergencia en la Aduana. Va a servir para buscar los auditores, buscar la compra de los escáners, todas las herramientas que se necesitan para evitar que vuelva a pasar fraudes en la Aduana como los que el mismo Gobierno ha denunciado".
"Además lo que decimos es que el Gobierno tiene que hacer un registro de 'importaciones sensibles'. Qué significa esto: cuáles son las importaciones que vienen creciendo que tienen un impacto negativo sobre la producción local. Cuando digo esto, estoy hablando de un impacto negativo del empleo. Con esta determinación de importaciones, se tiene que tener un programa de sustentabilidad. Todos los bienes de consumo final tienen todos que pasar por el canal rojo. Por acá chequean documentación y se escanea los containers", argumentó el massista.
Lavagna rechazó los planteos sobre que el proyecto se asemejaba al de las DJAI del kirchnerismo. "No es una traba. Mientras que se haga ese registro y el programa de sustentabilidad, sugerimos que a todos los bienes de consumo se los ingrese por las licencias no automáticas de importación. Hay que pedir un permiso, pedir documentación, etc. No tiene nada que ver con el DJAI del kirchnerismo, que no tienen nada que ver con administración del Comercio. Sólo buscaban que no se vayan dólares. Nosotros vemos cuáles son los sectores de la economía que necesitan algún tipo de protección para que no desaparezcan e impacten en el desempleo".
Por último, remarcó: "Planteamos que durante 120 días se decrete la emergencia en Aduana para buscar herramientas y evitar fraudes. No podemos ir de un cierre total a una apertura total de las importaciones".
Las penas de los delitos. La propuesta que lleva las firma de Massa, Graciela Camaño, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren, Vanesa Massetani y Agustín Calleri, modifica artículos del Código Aduanero como el que eleva de ocho a diez años de prisión al que impida o eluda los controles aduaneros. Asimismo, aumenta de diez a doce años de prisión a aquellos funcionarios o integrantes de las fuerzas seguridad que sean cómplices de contrabando y fija hasta prisión perpetua para los casos de contrabando de estupefacientes.
8-9-2016
