La batalla contra la inflación en el centro de la escena

Redacción Fortuna

ise-1088

Durante los primeros ocho meses del año el principal problema de la economía argentina fue la aceleración inflacionaria. Luego de promediar una tasa de crecimiento mensual de 1,8% durante 2015 la nominalidad se aceleró hasta marcar, en promedio, un alza de 3,3% por mes en lo que va del año. Pero este promedio no da cuenta de las diferentes etapas por las que transcurrió el proceso inflacionario. Es que desde el pico de abril (+6,0%) la inflación mostró una desaceleración continua hasta llegar al registro de agosto (+1,1%).

Es cierto que buena parte de esta última medición estuvo explicada por el freno al aumento de la tarifa de gas llevada adelante por la Corte Suprema, pero la inflación Core también marcó, durante agosto, el menor aumento en casi un año (+1,6%). Esta misma variación se mantuvo durante la primera quincena de septiembre.

De cara a lo que resta del año el BCRA espera consolidar esta tendencia. Su expectativa es terminar 2016 con una inflación promedio de 1,5% durante el último trimestre del año, de lograrlo la inflación llegaría a 39% en diciembre, menos de lo esperado, pero muy por encima de la meta que originalmente se planteó el oficialismo para 2016 (entre 20% y 25%).

En lo que muchos consideran una expectativa demasiado optimista, la autoridad monetaria comunicó que prevé alcanzar una inflación de 17% en 2017 (implicaría una variación mensual promedio de 1,3%). Esta proyección se encuentra algo lejos de las expectativas de inflación que releva la Universidad Torcuato Di Tella (20% para septiembre de 2017) y más aún de lo que esperamos en Ecolatina (+23% para ese año).

Si bien complejo, el BCRA espera que su esquema de metas de inflación, que será comunicado el lunes 26 de septiembre y comenzará formalmente en 2017, sea una herramienta eficaz para alcanzar el objetivo del año y, especialmente, que logre contener la nominalidad de forma definitiva hasta alcanzar tasas de inflación cercanas al 5% en 2019. Ahora bien, ¿han sido las metas de inflación sistemas exitosos en la búsqueda de reducir el aumento de precios? y de ser así, ¿está la economía argentina lista para aplicar un programa como este?

¿Se puede bajar la inflación a menos de un dígito en tres años?

Durante fines de los 80 la inflación comenzó a ser un problema para Nueva Zelanda. Decidido a reducirla, un gobierno que recientemente se hacía con el poder, pero estaba abocado a generar profundas reformas en el Sector Público creó, en 1990, el sistema de metas de inflación con el objetivo de reducir el impacto de la desinflación sobre la economía real. El éxito y la consistencia teórica del modelo llevaron a que pocos años después el sistema fuera adoptado por muchos países que mantenían problemas crónicos con el aumento de precios.

¿Cómo funciona un esquema de metas de inflación? Básicamente, la autoridad monetaria anuncia la meta para el año siguiente y aumenta (disminuye) la tasa de interés cuando la inflación supera (perfora) esa meta. De esta manera, tasas de interés elevadas reducen la demanda agregada y con ella el aumento de precios, al mismo tiempo que mantienen controlado el mercado cambiario (fijando el precio de muchos bienes transables que ven en este una guía para su evolución). Además, se busca que, en base a una credibilidad elevada, los agentes confíen en las pautas y actúen en base a ellas.

Cuando un país elige este esquema, se reconoce que el principal objetivo del Banco Central no es el crecimiento o la reducción del desempleo, sino el control de la inflación. No porque necesariamente este sea un objetivo de política económica más importante que los dos primeros, sino porque es poco probable que estos objetivos se alcancen en un contexto en el que el aumento de precios se mantiene en niveles elevados.

Para establecer un esquema de metas de inflación es necesario cumplir con ciertos requisitos, uno de los más importantes es que el Banco Central tenga total libertad en el manejo de la tasa de interés, es decir, que no esté condicionado por factores políticos y/o económicos. Esto implica necesariamente que no exista un déficit fiscal relevante o, que este pueda ser financiado en el mercado, de forma tal de que la autoridad monetaria no deba usar una herramienta (la tasa de interés, de la cual depende la evolución de los agregados monetarios) para lidiar con dos metas (asistencia al fisco e inflación).

Es por esto que cualquier gobierno que quiera establecer un esquema de este tipo debe contar con una autoridad monetaria que sea creíble y transparente en la toma de decisiones. Si el policymaker no puede erigirse como una autoridad confiable, muy difícilmente logre llevar a cabo un plan eficaz.

Distintos países han recurrido a este sistema con resultados positivos. Chile fue el primer país de la región en utilizarlo, comenzando a especificar sus metas en 1991 (momento en el cual la inflación se ubicaba en 30%) y disfrutando de una tasa menor al 5% tras siete años. Colombia es otro caso interesante. Con una historia de inflación crónica y estable en torno a 20% anual, en 1993 (partiendo de 23%) decidió utilizar el esquema de metas de inflación. A partir de ese momento comenzó un proceso de desinflación continuo que logró ubicar el aumento de precios en niveles inferiores al 5% 11 años después. México o Perú también son ejemplos que muestran el éxito que este tipo de esquemas pueden tener.

En promedio, los países de América Latina que usaron metas de inflación para reducir su nominalidad tardaron ocho años en alcanzar tasas de 5%. Por su parte, el BCRA plantea una desinflación que en tres años alcance ese valor, de lograrlo llevaría a cabo el plan basado en metas más rápido de la historia de la región. Esto, si bien posible, no parece probable.

Argentina no tiene las características ideales para utilizar un esquema como este, lo cual no pone en peligro la desinflación, pero sí la dilata en el tiempo. Si bien no quedan dudas acerca de la independencia del BCRA, tanto el significativo stock de LEBACS como el profundo déficit fiscal acotan los márgenes de maniobra de la autoridad monetaria.

Además, Argentina, a diferencia del resto de los países que lograron reducir la nominalidad bajo el esquema de metas de inflación, todavía tiene precios relativos que corregir. El crecimiento en las tarifas públicas impactará sobre el IPC y la estructura de costos de las empresas durante los próximos años y, al existir todavía cierto atraso cambiario, hay riesgo de que el tipo de cambio real muestre presiones al alza en el mediano plazo.

Por último, buena parte del resultado del esquema depende de la credibilidad que tenga el Banco Central y la voluntad de los agentes de dejar de mirar la inflación pasada para comenzar a considerar la inflación futura. En este sentido, dado que el aumento de precios objetivo para el año estaba entre 20% y 25% y la inflación Core, la que se tiene en cuenta a la hora de hacer política monetaria, no será menor a 30% en 2016, podemos decir que el BCRA comenzó con el pie izquierdo en términos de credibilidad.

Este último punto requiere particular atención. El sistema de metas de inflación sirve para alinear expectativas, las cuales moldean el comportamiento de los agentes sólo si estos están dispuestos a dejar de guiar sus decisiones en relación a la evolución pasada de la inflación para comenzar a usar las expectativas futuras. En este contexto, convencer a los trabajadores de que guíen sus decisiones en relación a la inflación futura es pedirles que acepten la caída de salario real observada en 2016 (si los gremios negocian en base a la expectativa de inflación deberían cerrar acuerdos paritarios cercanos a 25% para 2017).

No por nada, Alejandro Foxley, el Ministro de Hacienda que logró reducir la inflación en Chile a comienzos de los 90, comentó más de una vez que una parte clave de su plan, y la más difícil, fue convencer a los sindicatos de comenzar a pautar salarios en relación a la inflación esperada. Se desprende de aquí dos cuestiones, en primer lugar que para reducir la inflación se requiere una fuerte coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda pero además que se necesitan políticas de ingresos.

El pacto social, puede ser clave para lograr disminuir la inflación

Dado el alto componente inercial que muestra hoy el proceso inflacionario, un acuerdo social ayudaría a lograr ese quiebre a partir del cual los agentes comienzan a mirar las expectativas de inflación y no la inflación pasada.

Lamentablemente, en la actual situación este quiebre no implica otra cosa que la confirmación de que el salario real perdido en 2016 no se recuperará completamente en 2017. Es por esto que un pacto social, al repartir el costo asociado a la desinflación entre trabajadores, empresarios y Estado de forma equitativa, ayudaría a reducir la inflación disminuyendo la caída del salario real y su efecto sobre el producto.

En esta Nota