La Argentina progresista no tiene respuesta a los reclamos sociales

Por Gustavo Lazzari | Para crear trabajo es imperativo y urgente desmontar toda la maraña regulatoria y reducir drásticamente la presión tributaria. No hay tiempo para falsos sentimentalismos.

Redacción Fortuna

Diariamente la ciudad de Buenos Aires es objeto de reclamos de organizaciones sociales que buscan, con buenas o malas intenciones, sostener los planes que, con o sin contraprestación, reciben sus adherentes.

Es cierto que detrás de los planes hay negocios e incentivos políticos. No obstante centrar la discusión en ello sería un grave error.

Si hubiera trabajo genuino con salarios promedios  en torno a los $15.000 no habría marchas en la Avda 9 de Julio reclamando planes de $ 4.000.

$15.000 es más que $ 4.000. Los piqueteros lo saben.  Más allá de algún heladero culposo de alguna organización que se quedaría sin justificación, el grueso de quienes reciben planes valoran más un trabajo honesto  que una dádiva gubernamental. Eso está claro.

El problema es que la mentalidad progresista y populista que enamora a la enorme mayoría de los políticos oficialistas y de oposición no tiene respuesta para crear trabajo genuino. Toda la discusión es “más o menos planes”, “más o menos dinero por plan”, “mayor o menor contraprestación”, etc.  Discusión inútil.

Es necesario resolver los motivos por los cuales quienes buscan trabajo y oportunidades no las encuentran. Hay dos formas para que una persona pueda desarrollar su potencial. Una es que una empresa lo contrate. La otra es que pueda crear su propio emprendimiento o empresa.

Ante el flagelo de la desocupación, cortar una calle no puede ser la única esperanza. Un desocupado debería poder llevar a cabo un emprendimiento. Debemos confiar en la creatividad y empeño de las personas.

No es falta de voluntad, ni siquiera falta de educación. El emprendedurismo no se enseña en las universidades. Es hijo de un marco de normas que permiten el desarrollo de la iniciativa individual y asociativa.

Nueva Zelandia ocupa el puesto número uno en el ranking de “Haciendo Negocios” que publica anualmente el Banco Mundial.  La Argentina está cómoda en el puesto 116, detrás de Uganda, Nepal, Namibia, Lesotho, Kenya, Uzbekistán, Tonga, Vietnam y Bosnia, entre otros países.

Es difícil hacer negocios en la Argentina. El estado te aplasta. Es una economía de permisos donde iniciar una actividad es imposible y para desarrollarla es necesario pedir permiso en cada paso a un funcionario estatal. Los impuestos hacen lo suyo para desanimar todo emprendimiento.

Tres piqueteros no pueden formar una empresa en la Argentina.

Según datos del citado informe del Banco Mundial , abrir un negocio en la Argentina implica catorce procedimientos (trámites y permisos), demoran un plazo “legal” de 25 días con un costo promedio equivalente al 9,3% del PIB per cápita. (el informe habla de días legales que como sabemos dista mucho de los días reales)

En Nueva Zelandia, país más amigable para hacer negocios, un nuevo emprendimiento implica un solo trámite de medio día a un costo del 0,3% del PIB per Cápita.

Quiere decir que abrir un negocio en la Argentina es treinta  veces más caro, cincuenta veces más lento  y catorce veces más engorroso que en Nueva Zelandia.

Sólo por citar un ejemplo abrir un negocio en Uganda implica un trámite menos que en la Argentina, un día más y un costo similar. Uganda.

Esto explica por qué los piqueteros no pueden pensar en ganar dinero genuinamente cumpliendo sus sueños en su propio emprendimiento. No es el costo del capital, no es la educación. Son las mochilas regulatorias e impositivas.

Tampoco pueden lograr que una  empresa los contrate.

La Ley de Contrato de Trabajo y todo el andamiaje legal diseñado, quizás con buena intención, para proteger al trabajador condena a nuestros piqueteros al desempleo. El sistema impone costos e impuestos laborales cercanos al 60% sobre el salario de bolsillo. Quiere decir que un trabajador tiene que tener una productividad equivalente a 160 para recibir un salario de 100. Esta exigencia de mayor productividad deja a los menos calificados fuera del sistema.

La exclusión no la genera el mercado sino la supuesta protección estatal.

Vacas sagradas como la “indemnización por despido”, “los salarios mínimos y sus equivalentes”,  “inflexibilidad”, la “industria del juicio” y los nefastos impuestos al trabajo hacen que “contratar trabajadores” sea un mal negocio. El desempleo es la lógica consecuencia.

Así, los progresistas y populistas, cortan calles, derraman lágrimas y discursos pero no crearon empleo genuino en los últimos cinco años. Son inútiles a la hora de las soluciones concretas.

Para crear trabajo y soluciones no sirve protestar frente a los ministerios que apenas  pueden distribuir cada vez menores ingresos. Es imperativo y urgente desmontar toda la maraña regulatoria y reducir drásticamente la presión tributaria. No hay tiempo para falsos sentimentalismos.

Por Gustavo Lazzari,  economista y colaborador de Libertad y Progreso.

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