Mientras Argentina dice que acatará cualquier fallo, los números no cierran. La misteriosa recomendación de no pagar. Las consecuencias.
El gobierno argentino presentó ayer un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el que afirma que acatará el fallo judicial, sea cual fuere el resultado. Contrariamente, hace poco más de un mes, Jonathan Blackman -uno de los abogados que representa a la Argentina frente a la Corte norteamericana- afirmó durante una audiencia que, si el fallo obliga a la Argentina a pagarle a los fondos buitres, el mismo no será acatado.
En cambio, en la presentación de ayer se dijo lo contrario pero sin aclarar de qué manera Argentina cumplirá en caso de un fallo adverso. El ministerio de Economía dio a conocer un comunicado de prensa en el que confirma que se hizo una nueva presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos por el caso de los fondos buitres, en el que se solicita a la justicia de aquel país que revise las decisiones que podrían beneficiar a los tenedores de bonos. Según el ministerio esos fallos “en la práctica prohibirían al país efectuar el pago de la deuda reestructurada que se está pagando conforme a sus términos, a menos que pague la totalidad del reclamo de una minoría de bonistas que se negaron a participar en la reestructuración de la deuda argentina”.
En las últimas horas circuló por las redes y las redacciones un supuesto documento confidencial que habría sido firmado por los abogados que representan a la Argentina: Jonathan Blackman, Carmin Bocuzzi y Carmen Correa, de la filial local del buffet Cleary Gottlieb Steen and Hamilton.
Según dicho texto, los abogados recomiendan que, si la Corte nortemaricana no acepta el caso o establece un fallo adverso, lo mejor para Argentina es caer en default y luego reestructurar toda su deuda bajo una jurisdicción que no sea la Argentina. Sin ir más lejos, en el mismo escrito presentado por Argentina ayer, se afirma que Argentina no posee los recursos financieros para pagar todo lo que se debe a los fondos, estimado en unos US$ 15.000 millones, dado que las reservas argentinas son "de 28.200 millones de dólares" y no pueden ser utilizadas para pagar a tenedores de bonos.
En ese sentido, la defensa argumenta que “Argentina se verá confrontada con un serio e inminente riesgo de default”, si no es anulado el fallo que obliga a pagarle a los fondos buitres al mismo tiempo que le paga a los tenedores de bonos.
Desde la redacción de Fortunaweb se entabló conversación telefónica con el estudio Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, donde afirmaron que "hasta el día de mañana -jueves- no pueden brindar información para corroborar ni desacreditar la veracidad del documento circulante".
Si hubiera default. Según el economista Aldo Abram, Argentina "tiene que entender que en algún momento habrá que cumplir", dado que es uno de los principales motivos para que se recupere la confianza en el país.
"En Argentina no cree nadie, por eso nadie quiere invertir", sostiene Abram, quien agrega que "los gobiernos actúan con arbitrariedad en la política económica y violentan los derechos adquiridos de aquellos que confiaron en Argentina".
Abram afirma que Argentina "es el típico país en el que el político genera la crisis, sanciona la emergencia económica que le permite violentar los derechos de todos los ciudadanos" y que los bonos que emitidos deberían aclarar "Estos bonos se pagarán en la forma que al gobierno se le de la gana".
"Incluso el mismo Gobierno se ha visto obligado a firmar acuerdos bajo la legislación extranjera", afirma Abram en clara alusión al contrato entre YPF y Chevron.
En cuanto a las posibles consecuencias de un hipotético default, Abram señala que "el grado de inseguridad que se ha generado es altísimo, la confianza está diluida, ni me imagino si decidimos incumplir los fallos de la legislación extranjera, a la que hemos adherido voluntariamente".
En la práctica, las principales consecuencias de incumplir el fallo las padecerían quienes ya decidieron participar de la reestructuración de la deuda con una fuertísima quita, dado que "se incautará de los depósitos de quienes sí adhirieron a la reestructuración" en cuanto el Estado argentino deposite el dinero a los bonistas, lo que terminaría generando un incumplimiento también con quienes sí aceptaron la reestructuración de la deuda.
Club de París. La incidencia de los acreedores privados que reclaman en Estados Unidos persiguió a Kicillof hasta París, donde un grupo de de tenedores de deuda presionó para que el ente crediticio no acepte una propuesta que ignore las normas establecidas en el actual sistema financiero global, entre las que se incluye la auditoría del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"La legitimidad y la autoridad del Club de París descansan en su integridad y su credibilidad, las que se pondrían en grave riesgo si considerara las propuestas en su propio beneficio realizadas por el actual gobierno argentino", insistió Task Force en un comunicado divulgado por agencias internacionales.
La entidad agregó que "el Club de París no debería escuchar propuestas de Argentina en tanto la República siga rehusándose a negociar o siquiera reunirse con los acreedores privados". Por último, denunciaron que "Argentina se ha burlado de miles de pequeños bonistas en Europa al desconocer las deudas mantenidas con individuos privados".
